¡El debate entre Monarquía o República pasó de puntillas!

Ángel Corbalán

Clases Medias Aragón 13 de Agosto de 2009

En este año de 2009, estamos celebranco muchas cosas; la llegada del hombre a la luna, que nos lo ha recordado Jesus Hermida, y el del 50 aniversario de la fundación de ETA, que ya se encargaron ellos en recordarlo, con dos guardias civiles asesinados y una bomba explosionada en una casa cuartel de la Guardia Civil. Sin embargo, se ha celebrado y en las mismas fechas, el cuarenta aniversario del nombramiento de D. Juan Carlos de Borbón, como sucesor del dictador Francisco Franco.

La Ley de Sucesión a la Jefatura de Estado iba a dar solución en la persona de Juan Carlos de Borbón, nombrado Príncipe de España, al complejo proceso de designación del sucesor por el propio dictador. Franco pretendía perpetuar su régimen cuando no estuviera. La dictadura no sobrevivió a los setenta, pero el elegido se aseguró para él y los suyos una Corona que aún hoy ostenta.

A la mañana siguiente de aprobarse la ley, Juan Carlos aceptaría el encargo y, “recibiendo de Su Excelencia”, dijo “la legitimidad política surgida del 18 de julio”, juró el cargo de sucesor y los principios del Movimiento. Cuarenta años después hay quien ve en todo aquello una jugada maestra del actual jefe del Estado para atar en corto a los sectores del régimen refractarios al proceso democratizador que, de forma imparable, se abrió tras la muerte de Franco. Pero también están los que sostienen que fue la consolidación de una secuela del franquismo que, años más tarde, se blindó con una Constitución cuya reforma en lo referente al modelo de Estado sólo es comparable a un cofre de siete llaves.

Sea como sea, Juan Carlos I consiguió que los Borbones volvieran al trono pese a que ello le costó una trifulca familiar con su padre, Juan de Borbón, legítimo sucesor de Alfonso XIII (depuesto en 1931), a quien Franco vetaba. De Juan Carlos, pensó el dictador y así lo afirmó en las Cortes aquel día, que había dado “claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del Régimen”.

Los historiadores consultados por Público coinciden en que su nombramiento tuvo que ver con las presiones de capitostes del régimen como el entonces presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, o Laureano López Rodó. “Querían garantizar el franquismo sin Franco y estaban convencidos de que un príncipe que jurase fidelidad a los principios y leyes del Movimiento y traicionara a su padre sería fácil de pilotar”, asegura Joan B. Culla, profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, constata la voluntad de “institucionalizar” el régimen. Y Julián Casanova, catedrático en la Universidad de Zaragoza, exhibe documentación donde, ya entonces, Carrero se refería a la “monarquía del Movimento Nacional”. El contexto no era baladí y era necesario transmitir imagen de renovación. Era el año del escándalo Matesa, seguía el enfrentamiento búnker-reformistas y la sociedad española hacía su particular transición social y cultural. Tendrían que pasar unos años para que la política diera respuesta a la realidad de la calle.

Sin muestras de apertura

Casanova señala que es difícil juzgar al príncipe de entonces con el prisma actual. “No hay duda de que el de ahora se parece más al de la Transición que al de hace 40 años. Entonces no se le veían atisbos de apertura”, señala. De hecho, recuerda el catedrático, después de 1969 pasaron cosas graves, con penas de muerte que horrizaron al mundo, y el ahora rey calló.

En este aspecto ahonda más Iñaki Errazkin, periodista autor de “Hasta la coronilla”. Autopsia de los Borbones”. Juan Carlos, fue nombrado sucesor del dictador y, antes de aprobar la Constitución, ejerció formalmente como tal. Franco delegó en él en dos ocasiones por salud, se puede hablar de él como dictador suplente”, apunta. Le apoya el catedrático de la Pompeu Fabra Vicenç Navarro. Para él, Juan Carlos I nunca nombró gobiernos con prioridad democrática y estableció “la continuidad entre aquel régimen y el sistema actual”. Fueron las demostraciones de fuerza en la calle y la tensión social y política las que le obligaron a abrirse.

Hay acuerdo en que la legitimidad democrática no llegó, en todo caso, hasta la Constitución de 1978 que redactaron las Cortes tras las primeras elecciones democráticas. Moradiellos rechaza prejuzgar a una democracia y a una monarquía por cómo se instaura. En esta línea sostiene que la democracia española es más garantista que la portuguesa, que llegó tras una revolución y no tras una transición.

La Constitución, todo o nada.

Al igual que Vicenç Navarro, discrepa Iñaki Errazkin. Apunta que la Constitución fue un trágala para salvar la monarquía. Fue según él una operación de blanqueo e hipnotismo ejemplar: “o te comes la manzana con gusano o no hay manzana”. La Transición, compleja y cargada de renuncias, llevó al rey a ganarse “otras fuentes de legitimidad”, admiten historiadores como Moradiellos. El momento clave fue el 23-F. Según Culla, pasó de ser “el rey de Franco al salvador de la democracia”. Errazkin los enmienda: “En el 23-F se trataba de consolidar al rey ya fuera con el golpe o con su fracaso. Y se consiguió”.

En todo caso, como zanja el catedrático de Derecho Constitucional Francisco Balaguer, en la Transición pocos pudieron “debatir entre monarquía o república; el tema era democracia o dictadura”. Ganó lo primero. Pero con corona incorporada.