El pasado 30 de
marzo se cumplieron setenta años del final de nuestra Guerra
Civil, poniendo fin a la Segunda República y a la esperanza
de que en España surgiera un régimen democrático sustentado
en la libertad, la justicia social y el respeto a los
derechos humanos.
Tras los cuarenta
años de dictadura, y después de que el sanguinario dictador
muriese en su cama, se abría una puerta de esperanza para
recuperar el estado democrático previo al golpe de estado
franquista. Pero no fue posible. No hubo ruptura. Los
continuistas lo tenían todo “atado y muy bien atado”, y los
partidos de izquierda (incluido nuestro PCE) renunciaron a
todas sus reivindicaciones históricas con tal de mostrarse
ante la sociedad con la cara “respetable” que demandaba el
Régimen. El interés de unos y la cobardía de otros llevó a
tirar por la calle de en medio y optar por una “reforma”
que, por definición sólo podía desembocar en la “dictadura
reformada” en la que habitamos hoy; más bien “Democracia
dentro de un orden” como diría Manuel Fraga ex ministro con
Franco y Presidente-fundador del Partido Popular, partido
que por cierto jamás ha condenado en público el oscuro
periodo dictatorial. Cosas del centrismo-reformismo.
Como resultado de
aquella Transición “modélica” pasamos del estado
nacionalcatólico franquista a la actual Monarquía, viaje en
el cual se usaron las vías legales del Régimen franquista.
Como anécdota para
destacar el origen antidemócratico y totalitario de nuestra
forma política de Estado, recordaremos que la Casa Real de
los Borbones ha sido la única monarquía restaurada en el
siglo XX en base a unas formas de ejercicio del poder que no
son acordes con el despliegue de una ciudadanía plena,
ignorando la refundación del nuevo estado democrático que
tanto necesitaba este país. Una Monarquía restaurada en base
a la legalidad del golpe de estado del 18 de Julio de 1936.
Sin ir más lejos, el actual Jefe de Estado juró los
principios fundamentales del Movimiento Nacional ante Las
Cortes franquistas y no fue capaz de jurar la actual
Constitución de 1978. Como ya dijera Julio Anguita hace unos
años, era demasiado jurar en poco tiempo. De hecho como
agravante, en el momento de aprobarse la actual carta magna,
los españoles no fueron consultados si querían o no querían
Monarquía, a diferencia de como sí se hizo en muchos países
de nuestro entorno, como por ejemplo Grecia donde sus
ciudadanos echaron con cajas destempladas al padre de
nuestra actual reina por colaborar con la Dictadura militar
que asoló al país heleno durante 7 años. Juan Carlos I de
Borbón fue designado Rey por Franco. De ahí, y no de la
Constitución de 1978 emana la legitimidad del soberano,
entre otras razones por la falta de condiciones democráticas
que rodearon el plebiscito constitucional con las continuas
amenazas de involución del ejército y una manipulación
informativa constante en favor de los que querían la
“reforma pactada”, además de una ciudadanía acostumbrada a
obedecer tras casi 40 años de educación autoritaria y
sumisa.
No debemos
engañarnos. Vivimos en una “democracia” de muy baja
intensidad que nada tiene que ver con la democracia que
surgió de la Constitución republicana de 1931. Hemos pasado
de una República donde eran “elegibles para la Presidencia
de la República los ciudadanos españoles mayores de cuarenta
años” a una Monarquía donde la jefatura del Estado es
“hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de
Borbón” y donde se prefiere “el varón a la mujer”; de una
República que renunciaba “a la guerra como instrumento de
política nacional” a un Estado ocupado por bases
norteamericanas y que interviene en guerras ilegales sin el
amparo de las Naciones Unidas; de una República que “no
tiene religión oficial” a un país que consagra en su
Constitución la “cooperación con la Iglesia Católica” con
los abusos ilimitados por parte de la insaciable y
ultramontana Conferencia Episcopal que todos conocemos y
pagamos; y así podríamos seguir durante párrafos y párrafos.
Por estas razones
más de treinta años después de la muerte del dictador, sigue
vigente el programa de transformación social que dio lugar a
la Segunda República; un programa de ruptura democrática, de
base popular, radicalmente ciudadana y abierta a los pueblos
de Europa y el mundo. Por ello, tenemos que conseguir que la
jefatura de Estado recaiga en una persona elegida por el
pueblo; hemos de conseguir que los derechos civiles y
políticos se respeten con la mayor escrupulosidad, y que de
una vez por todas, el cumplimiento de los derechos sociales
y económicos sea una realidad por encima de la lógica
capitalista de acumulación desorbitada de ganancias en pocas
manos; hay que introducir mecanismos revocatorios y de
control social para todos los cargos electos (en este
apartado tenemos mucho que aprender de la República
Bolivariana de Venezuela). El aparato del Estado debe ser
puesto al servicio de la ciudadanía y del interés general
acabando con el vergonzante saqueo que protagonizan las
élites afines al bipartidismo neoliberal dominante.
Constituye una necesidad inaplazable articular un sistema
económico que, sobre la base de la planificación
democrática, comience a tener en consideración las
necesidades de la población, donde la redistribución de la
riqueza pueda ser una realidad, con la vista puesta en
mandar el capitalismo salvaje actual al baúl de la historia.
Queda mucho
trabajo por hacer si realmente queremos tener en España una
democracia que vaya más allá de lo formal y esté basada en
la libertad, la justicia social y el respeto a los derechos
humanos.
Nuestro compromiso
político con la República mira al futuro de la mano del
grandioso patrimonio que nuestros abuelos edificaron en
1931. Este florecimiento de la conciencia republicana se
concreta en las innumerables actividades desarrolladas por
las asociaciones de recuperación de la memoria democrática;
asociaciones que vienen luchando por rescatar del
imperdonable olvido oficial a los miles y miles de
represaliados por la Dictadura fascista, memoria sobre la
cual se edificó la actual arquitectura constitucional, con
el Borbón al frente.
Si una Guerra
civil perdida, 40 años de fascismo y 30 años de
pseudodemocracia no han sido capaces de sepultar el legado
de lucha y resistencia republicana, estamos en condiciones
de poder afirmar sin ambages ni componendas, que la utopía
democrática, la Tercera República, además de posible, sigue
siendo más necesaria que nunca.
César Vilar es
militante del PCPV-PCE y Coordinador del Colectivo local de
Esquerra Unida del País Valencià-Izquierda Unida de Sant
Joan d´Alacant.