Por qué somos republicanos

Francisco Javier García Valledor

La Nueva España 17 de abril de 2005

Estamos conmemorando estos días el septuagésimo cuarto aniversario de la proclamación de la II República española. El 14 de abril se ha consagrado en la iconografía democrática de este país como el día que recuerda el más esperanzador de todos los acontecimientos políticos de nuestra historia, aunque poco tiempo después los traidores abortaran con sangre esa experiencia. Aquel día de 1931, centenares de miles, millones de personas en todos los pueblos y ciudades salieron a festejar el inicio de una primavera de regocijo y consuelo. De regocijo, porque se había acabado con una Monarquía mequetrefe y corrupta que pasó del caciquismo a la dictadura y de ahí al ridículo, dejando, eso sí, jirones de luchadores en el camino. Se había echado al Rey y a su corte, se había expulsado a toda la dinastía, pero más allá de eso, se habían conjurado todos los fantasmas que impidieron durante mucho tiempo que los súbditos de este país alcanzaran de una vez su condición de ciudadanos. Y de consuelo, porque el 14 de abril de 1931 se vislumbró luz en lo que se creyó que era el final de un mundo oscuro y desolador que había enriquecido a los de siempre y había dejado devastación y desconsuelo a su paso. Por eso seguimos conmemorando ese día y con él el acontecimiento de la proclamación de la II República, y lo hacemos sobre todo nosotros, las gentes de la izquierda transformadora.

Porque es cierto que el 14 de abril de 1931, de manera increíblemente pacífica y entusiasta, España dejaba de ser una Monarquía para convertirse en una República por segunda vez en su historia. En paralelo al abandono del país del rey Alfonso XIII, se constituyó un Gobierno provisional republicano, en el que estaban representadas casi todas las fuerzas políticas democráticas, desde los católicos conservadores hasta los socialistas. Y es cierto que a partir de ese acontecimiento cambió radicalmente la concepción de la política, que dejó de ser un reducto de caciques y poderosos en defensa sus privilegios para convertirse en un derecho y una obligación de ciudadanía destinada a gestionar los intereses colectivos.

La República se tuvo que enfrentar a retos extraordinarios nada más constituirse. En primer lugar a una desastrosa situación económica de España, porque al atraso histórico agrario e industrial se le unía la gran concentración demográfica en el campo y las enormes diferencias económicas entre clases, donde los privilegiados acaparaban la mayor parte de la riqueza nacional frente una enorme masa popular que vivía prácticamente en la indigencia. Ninguna de estas situaciones fue abordada seriamente en las etapas anteriores, y la República las afrontó resueltamente, pero las clases dominantes, que habían perdido el poder institucional y el amparo de la Monarquía no habían perdido ni el poder económico ni el social. En aquella época los latifundistas, la gran banca y las grandes familias de la alta burguesía formaban un todo profundamente arraigado y claramente hostil a cualquier reforma que pudiera limitar sus privilegios. Pero a ese desafío económico había que añadir el que planteaba el desastroso funcionamiento del aparato administrativo. España contaba entonces con un Ejercito desproporcionadamente grande que consumía una parte muy importante de los recursos públicos; no existía una estructura educativa digna de tal nombre, y más de dos terceras partes de la población infantil estaban sin escolarizar. Tampoco había nada parecido a un sistema sanitario, ni una red de infraestructuras. El entramado de la Administración pública, la hacienda o la fiscalidad era ineficaz, y respondía a un modelo centralista muy alejado de las demandas ciudadanas. En definitiva, la España de aquel tiempo era pura y simplemente un desastre.

En medio de estas y de otras dificultades enormes, la II República tuvo que desarrollar su labor, y lo hizo elaborando una constitución democrática, posiblemente la más democrática que nunca hubo en este país, que proclamaba que «España era una República de trabajadores de todas clases», establecía la igualdad entre sexos, la separación entre la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los servicios públicos y la primacía del bien común frente a los intereses económicos particulares. Determinó la democratización de todos los poderes y el carácter electivo de todos los cargos de representación, e inició un proceso de reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado. En definitiva, puso en marcha un programa auténticamente social y democrático. Pero lo más importante, incorporó esos principios y valores fundamentales a la vida política e institucional de este país por primera vez en su historia. La República supuso sobre todo la eclosión de las aspiraciones de justicia y libertad de todo un pueblo, de nuestro pueblo.

Nosotros, la izquierda, y en especial la izquierda transformadora, somos hijos de esa forma de concebir el compromiso político. Cada uno de los hombres y mujeres de Izquierda Unida, con sus defectos y sus insuficiencias, que las tenemos, ha asumido el compromiso político sabiendo que nos iba a traer más disgustos que satisfacciones. Disgustos, porque vemos que la historia no avanza al ritmo que consideramos justo; que las desigualdades siguen siendo una constante en el mundo en el que vivimos; que algunos de los viejos problemas siguen ahí, y que van apareciendo nuevas dificultades que retrasan nuestras aspiraciones de justicia y libertad. Nos ha tocado vivir en un mundo, el del principio de este nuevo siglo, en el que los poderosos de siempre se han quitado la careta con la que se disfrazaban. Cualquier excusa les vale para reducir las libertades públicas, para limitar los derechos individuales y colectivos, para justificar la desigualdad de las personas y de los territorios. Incluso para denostar a quienes seguimos defendiendo esos ideales por encima de cualquier duda. Nos llaman antiguos, desfasados, reductos de la historia. Sin embargo, y aun a pesar de ellos, debemos sentirnos profundamente orgullosos de esa herencia.

¿Y en que consiste esa herencia? Trataba de explicarlo antes. Consiste en una forma de ser, de pensar y de actuar en el ámbito de la acción política. El espíritu republicano tiene su fundamento en el objetivo que pretende: el bien común, la «res» pública, la cosa de todos. Para el espíritu republicano la participación política se configura como un derecho y una obligación de todos, porque todos estamos convocados para encontrar solución a los problemas colectivos, y quienes asumimos la representación política somos sólo eso, representantes de la ciudadanía, ante la que tenemos que dar cuenta de nuestros actos y decisiones, pero no cada cuatro años o cuando hay una contienda electoral, sino permanentemente, como un elemento integrante de nuestra función. Esa forma de entender la política sigue presente en nuestra concepción de las cosas, se ha configurado como una seña de identidad de nuestra fuerza política, posiblemente aquella de la que tenemos que estar más orgullosos.

La política entonces adquiere una dimensión ética, no ya sólo como servicio a la colectividad, sino como parte de las obligaciones que cada uno tiene. Y nadie puede abdicar de esas obligaciones. Durante la II República se instituyó el jurado popular en el ámbito de la Administración de Justicia por primera vez en España, porque en todos los poderes del Estado el pueblo debía estar presente, y porque todos tenían la obligación de impartir justicia sobre la base de establecer el veredicto de culpabilidad o inocencia. Este es un nuevo ejemplo de esa preocupación republicana por ampliar la responsabilidad de la participación ciudadana a todos los aspectos de la cosa pública. Durante la II República se estableció definitivamente el sufragio universal para todos y para todas por primera vez en la historia de España, porque todos y todas tenían el derecho y la obligación de elegir a sus representantes.

Pero esa dimensión ética incluía también una apuesta por lo social, por la igualdad, por la superación de los desequilibrios y las injusticias que habían atenazado el desarrollo de este país. Y eso también forma parte de nuestra herencia y de nuestras señas de identidad. La extensión de la educación obligatoria, el establecimiento de una legislación laboral que trataba de establecer derechos para los trabajadores y trabajadoras, la reforma agraria, la nacionalización de algunos servicios públicos, figuran entre los logros de la II República a pesar de su corta historia.

Esos principios y valores son los que ahora mismo siguen conformando nuestro, por decirlo así, «código genético», y eso es lo que nos diferencia del resto. Ese es el esfuerzo que nos convoca y esos son los ideales a los que aspiramos. En el mundo, en la España y la Asturias del inicio del siglo XXI, son muchos los retos que tenemos que afrontar. Todavía hoy sigue habiendo injusticias profundas, y sobre todo nuevas injusticias. Es cierto que hoy, con todas las insuficiencias, hemos conquistado derechos que hace setenta y cinco años eran impensables. Disfrutamos de un sistema de servicios públicos que garantiza razonablemente el derecho a la salud de toda la ciudadanía. Nuestro sistema educativo alcanza a toda la población en edad escolar, y existe una red de servicios sociales que, aunque tiene muchas insuficiencias, también alcanza un grado de protección social estimable.

Pero el desempleo y la precariedad laboral siguen teniendo índices inaceptables, sigue habiendo bolsas de marginación y de pobreza que no son aceptables en una sociedad que se llama moderna. La desigualdad entre géneros, con el correlato de la violencia inaceptable contra las mujeres, ha llegado a extremos de indignidad. El desequilibrio entre los países ricos y pobres y el recurso a la guerra como medio no ya de solución de los conflictos, sino de pura rapiña de los poderosos contra los débiles, se está convirtiendo en una constante de las relaciones entre estados. La degradación ambiental, la restricción de las libertades públicas utilizado la excusa del terrorismo, la pérdida de la calidad de la democracia, cada vez más condicionada por la simplificación de los mensajes, y etcétera, etcétera.

Esos son algunos de los nuevos retos, y debemos afrontarlos con el mismo espíritu que inspiró la República, el espíritu de lucha, de entrega y de esfuerzo para lograr que los ideales de justicia, libertad e igualdad se abran paso. Por eso seguimos siendo republicanos.

Francisco Javier García Valledor es consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.