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El derecho de autodeterminación
José López
UCR 28 de
Febrero de 2009
Tras la publicación de mi libro Rumbo a la democracia, he tenido
el placer de tener interesantes debates con algunos de mis
lectores. Intercambios de opiniones sobre algunas cuestiones
polémicas del libro. Una de ellas, lógicamente, es el
reconocimiento del derecho a la autodeterminación. El desarrollo
de la democracia, tema central del libro, implica, entre otras
muchas cosas, la conquista de este derecho.
El tema de los nacionalismos, del derecho a la
autodeterminación, es desde luego muy complejo y toda concisión
es complicada y puede dar pie a malentendidos y posturas
aparentemente intransigentes o simplistas. Es el precio a pagar
por la excesiva concisión. Ésta hace que soltemos afirmaciones
sin razonarlas suficientemente y esto puede provocar la
sensación de que dichas afirmaciones son hechas a la ligera. En
un tema tan complejo como éste (como en tantos otros), el
problema se puede enfocar de distintas maneras, a veces
igualmente válidas. Según cómo se enfoque, se llega a
conclusiones distintas. Por consiguiente, a no ser que quede
claro que un enfoque es más acertado que otro, conclusiones
correspondientes a enfoques distintos pero igualmente válidos
son igualmente válidas (aunque sean opuestas). Con esto quiero
decir que el concepto de “erróneo” no es siempre absoluto. Lo
que es “erróneo” para uno puede ser “correcto” para otro y
viceversa. Esto no quita que si uno tiene la convicción de que
el otro está equivocado, el primero intente hacerle ver su error
al segundo. Realmente así es como se avanza en las ideas y en la
resolución de los problemas. Pero también hay que tener claro
que no siempre se llega a un acuerdo sobre qué enfoque es más
correcto, de aquí surge el concepto de opinión. Hay que
intentar convencer al prójimo de las ideas que uno defiende
porque cree que son más válidas, pero siempre hay que tener
presente que a lo mejor estamos equivocados, y por consiguiente,
debemos estar abiertos a cambiar nuestra postura si el
contrincante nos convence de que su enfoque es mejor. Dicho
esto, a continuación expongo mis argumentos a favor del
reconocimiento del derecho de autodeterminación, siendo
consciente de que este tema se puede enfocar de distintas
maneras. Pero antes de empezar, quisiera aclarar que defender el
derecho de algo, no significa necesariamente que uno esté a
favor de ejercerlo. Que yo defienda el derecho de
autodeterminación no significa que esté a favor de la
independencia, como tampoco a favor de la unión. Los
razonamientos expresados en este trabajo no dependen de las
preferencias personales del autor, no se trata de esto aquí.
Pero por si acaso alguien se escuda en el simplista argumento de
que el autor defiende dicho derecho porque está a favor de
ejercerlo (de “romper” España, como dirían algunos), diré, a
título anecdótico y personal, que yo desearía que las distintas
regiones o nacionalidades de lo que llamamos hoy España
permanecieran unidas, aunque tampoco es un tema que me preocupe
en exceso. Para mí lo verdaderamente importante es que los
ciudadanos (españoles, catalanes, vascos, andaluces, etc)
vivamos en paz, justicia y libertad, y esto, en mi opinión, será
posible en cuanto las sociedades sean capaces de organizarse
mediante verdaderas democracias donde los derechos humanos se
respeten escrupulosamente en la práctica. Pero como demócrata
convencido que soy, defiendo el derecho que tienen las partes
que componen España a que elijan libremente. Aunque yo piense
que la conquista de la verdadera democracia no se conseguirá
necesariamente con los separatismos, sin embargo, el hecho de
reconocer un derecho que aumenta el grado de libertad de los
seres humanos es un paso importante hacia un mundo más libre y
justo. Y en mi opinión, una España compuesta de partes que
decidan libremente permanecer unidas, resultaría en un Estado
más unido realmente. Una unión sustentada en la libertad es una
unión natural, con más futuro. El reconocimiento del derecho de
autodeterminación de las partes que componen España
posibilitaría, tras cierto tiempo, zanjar definitivamente el
eterno debate del “Ser de España”. Aunque también es cierto que
existe el riesgo de que España se desuna. Pero posponer
continuamente los problemas nacionalistas no es tampoco la
solución, ni la posible desunión de un país es tan dramática
como algunos nos quieren hacer ver. El problema de que la
cuestión nacionalista no se zanje, es que impide que los
verdaderos problemas de los ciudadanos protagonicen la agenda
política. La cuestión de los nacionalismos le viene muy bien a
un sistema que no desea que se hable de otras cuestiones, como
la posibilidad de desarrollar la democracia para que el pueblo
(ya sea vasco, catalán, madrileño, … o español) tenga el
verdadero poder, o como la posibilidad de que el sistema
económico cambie radicalmente para combatir sus males crónicos
(como el paro), etc. La “prueba del algodón” de un demócrata es
saber respetar aquellas ideas opuestas a las propias, es
defender el derecho legítimo del contrincante. Como decía
Voltaire, en lo que puede resumirse como el principio de la
libertad de expresión, No estoy de acuerdo con lo que usted
dice, pero defendería hasta la muerte su derecho a decirlo.
Para mí, el derecho de autodeterminación (de individuos o
colectivos) es algo así como un derecho de elección de
convivencia (es en esta faceta en la que me voy a centrar, por
ejemplo, también implica el derecho a que nadie interfiera desde
el exterior en mis propios asuntos). Cuando digo que tengo
derecho de autodeterminación, digo que tengo derecho a elegir
convivir con alguien (o con otro colectivo) o no. Este derecho
se puede ejercer tanto para iniciar una convivencia, como para
finalizarla. En un mundo ideal donde impera la libertad (cierto
grado importante de libertad, ésta nunca es infinita), una
persona elige libremente asociarse a otra (matrimonio o
cualquier otra forma de convivencia), una nación elige
libremente asociarse (con cierto grado de asociación) a otras
naciones (federación, confederación, etc). A lo largo de la
historia, desgraciadamente, dichas convivencias no han surgido
normalmente de forma libre sino que por la imposición. Hasta
hace muy poco, muchas personas se casaban a la fuerza (incluso
hoy en día muchas lo siguen haciendo) y las naciones o Estados
se han formado normalmente por la fuerza, en el mejor de los
casos mediante acuerdos entre los dirigentes de las partes,
aunque sin consultar a sus ciudadanos. Pero aunque esto último
ya sería un argumento más que suficiente para deslegitimar
cualquier forma de convivencia actual (casi todos los Estados
modernos) y por tanto para reivindicar deshacer el mal hecho, es
decir, para reivindicar el derecho de autodeterminación, en lo
que resta, voy a su poner el caso mejor, es decir, voy a suponer
que una convivencia se ha creado legítimamente, con plena
libertad por ambas partes (por parte de un Estado y por parte de
una región o pueblo determinado). ¿Es que podemos afirmar, como
hacen algunos, que los Estados se han formado con el consenso de
las partes, con la participación democrática de los ciudadanos
de a pie? La interpretación que hacen algunos de la creación de
nuestro país es muy discutible, pero aun así supongamos que
tienen razón y España se formó “libremente” y por “consenso”.
Intento hacer un razonamiento general, válido para cualquier
caso, es decir, para cualquier Estado o país del mundo. El
derecho de autodeterminación es el derecho a elegir con quién
convivo, es el derecho a asociarme con otro por libre y
mutuo acuerdo de TODAS las partes, es el derecho a romper dicha
asociación libremente en cuanto una de las partes lo desee y es
el derecho a no convivir con ninguno otro. Yo debería ser libre
para convivir o no con quien quiera. La convivencia sólo es
realmente posible si ambas partes están de acuerdo en
establecerla y siempre que se respeten ciertas normas de
convivencia. Si la convivencia es forzada o no se cumplen sus
normas o éstas no han sido elegidas por mutuo acuerdo
democráticamente, entonces se producen inevitablemente problemas
que pueden ser más o menos agudos y que en ciertos casos, como
el de nuestro país, derivan en violencia. De paso, aprovecho
para condenar, como demócrata y pacifista convencido que soy,
cualquier forma de violencia, física o psicológica. La idea
central que quiero expresar es que la convivencia sólo es
verdaderamente posible de mutuo acuerdo. Es posible una
“convivencia” más o menos forzada (de hecho es y ha sido
bastante habitual), pero cuando no es el resultado de la libre
elección de las partes, entonces la convivencia es inestable, es
demasiado problemática, tiende a romperse, o simplemente es
aparente o superficial, “cara a la galería”. Y por supuesto la
felicidad se vuelve inalcanzable. Es imposible ser feliz sin un
mínimo de libertad (y esto es tanto más cierto cuanto más se
piense, cuanto más consciente sea uno). Por ejemplo, un
matrimonio forzado tiende a traducirse en infidelidades
habituales, en discusiones permanentes, en mutua ignorancia, o
simplemente, en cuanto hay la mínima opción, en ruptura. Si ya
es difícil la convivencia cuando ésta se establece libremente,
no digamos ya cuando esto no es así. Cuanta más libertad haya al
iniciarse una convivencia, mayor probabilidad de que ésta
perdure en el tiempo y menor probabilidad de que sea
problemática, y por supuesto, mayor probabilidad de que las
partes que conviven sean felices. Y esto es válido tanto si
hablamos de individuos como si hablamos de colectivos.
Evidentemente la vida en sociedad impone ciertas restricciones a
la libertad del individuo, pero hay que distinguir entre el
“antes” de la elección de convivir y el “después”. Una vez que
elijo libremente convivir con alguien, entonces asumo las normas
de convivencia y me someto a ellas, limitando con ello
voluntariamente mi libertad personal. Pero si me obligan a
convivir entonces es difícil que pueda asumir unas normas
impuestas y entonces tengo tendencia a saltármelas (éste quizás
sea uno de los principales problemas de las sociedades
modernas). En una sociedad ideal (que no la actual), se llega a
un equilibrio entre el individuo y la sociedad, maximizando
hasta el límite posible la libertad del primero. Si queremos
tender hacia una sociedad más libre, entonces debemos asumir
conceptualmente el derecho de autodeterminación (tanto de
colectivos como de individuos). En la actualidad, es mucho más
difícil conseguir en la práctica el reconocimiento del derecho
de autodeterminación del individuo que el de colectivos porque
partimos de una situación de excesiva “agregación”, de una
situación donde se da prioridad al colectivo (aunque
curiosamente éste está sometido a ciertas minorías que lo
alienan) frente al individuo. Si bien es cierto que el individuo
tiene cierto derecho de autodeterminación respecto de otros
individuos (por ejemplo el derecho al divorcio), también es
cierto que el individuo de las sociedades actuales no tiene
prácticamente ningún derecho de autodeterminación respecto de
ciertos colectivos. Un individuo está siempre obligado a
someterse a un Estado, podrá elegir (más o menos) a qué Estado,
pero nunca podrá vivir con plena independencia. La imagen
romántica de personas que viven aisladas de la sociedad moderna,
por ejemplo en comunión con la naturaleza, con sus propias
reglas, ha pasado a la historia, salvo contadas excepciones (es
el caso de tribus primitivas que han conseguido permanecer
aisladas del resto del mundo en ciertas zonas inaccesibles de
nuestro planeta). Por consiguiente, el reconocimiento del
derecho de autodeterminación de los colectivos es más factible a
corto/medio plazo que el del individuo. Por esto el
reconocimiento del primero supone un avance hacia la sociedad
ideal donde el derecho de autodeterminación existe para grupos e
individuos. Esto ahora mismo es una utopía, pero como tal, hay
que ir aproximándose a ella poco a poco.
Imaginemos ahora que, independientemente de si la convivencia
surgió legítimamente (es decir, libremente) o no, en un momento
dado, una de las partes decide romperla. En el caso de
individuos estaríamos hablando de un divorcio (concepto que por
cierto en nuestro país es muy reciente). De la misma manera que
ahora es una idea aceptada y que nos parece totalmente legítima
para el caso del individuo (cualquiera tiene derecho a casarse
con quien quiera y a separarse en cualquier momento), también
debería serlo para el caso de colectivos. Y esto no es así ahora
mismo. Aún no hemos entrado en la cuestión de cómo realizar la
separación de forma justa, y mucha gente ya no estaría de
acuerdo ni siquiera con el hecho de reconocer el derecho a un
grupo de personas de separarse de otro. De hecho, algunos
desdeñan el derecho de autodeterminación de cierto colectivo
porque consideran que éste tiene algo que pertenece a otro
colectivo de mayor ámbito geográfico, algo que sólo puede
pertenecer a éste último o que en todo caso es “común” a ambos.
E incluso algunos aprovechan las “dificultades técnicas” de la
forma de implementar la separación de una región respecto de un
Estado para rechazar el derecho de autodeterminación. Esto sería
algo así como rechazar el derecho al divorcio por las
dificultades de realizar la separación matrimonial. En el caso
del divorcio de individuos, éste se produce repartiendo lo que
es de propiedad común y quedándose cada uno con la parte que es
indiscutiblemente suya (mención aparte merece la custodia de los
posibles hijos). Ya sería un gran avance el reconocer a los
grupos su derecho a separarse y pasar a investigar cómo debería
producirse dicha separación, cómo repartir lo que es “común”, si
es que hay algo que pueda considerarse “común”. Pero la decisión
de que se produzca la separación no debe ser de ambas partes, en
cuanto una de las dos partes decide separarse entonces la
separación debería poder producirse (en un grupo humano sería en
cuanto la mayoría de los componentes de una de las partes lo
decidiese democráticamente). Resumiendo este segundo punto,
así como el individuo tiene derecho a romper su convivencia con
otro individuo por decisión PROPIA, lo mismo puede decirse de
los grupos humanos, una de las partes tiene siempre derecho
a romper la convivencia con las otras sin necesitar el permiso
de éstas. Esto es cierto si dicha convivencia se inició
legítimamente, pero más aún cuando se inició por la fuerza. Y
esto es independiente de cualquier otra consideración. De la
misma manera que yo tengo derecho a separarme de mi cónyuge
independientemente del tiempo que haya durado mi relación con él
o ella, o independientemente de la afinidad o no que tenga, un
colectivo tiene también derecho a separarse de otro aunque su
relación sea muy antigua o aunque tengan muchos elementos
culturales en común. La historia o la afinidad cultural no es un
argumento contra el derecho de autodeterminación, puede ser un
argumento contra la separación, pero no contra el DERECHO a
ejercerla. En este punto, algunos argumentan, no sin cierta
parte de razón, que el divorcio, para llevarse a cabo, puede
necesitar de la intervención de un juez. Esto depende de la
legislación de cada país. A este respecto, debo decir que,
primero, cuando se habla de ética, los argumentos legalistas
sobran (la ley no es siempre ética), y segundo, que la ley puede
poner trabas a realizar la separación de forma oficial, cara al
resto de la sociedad, pero una pareja donde uno de los dos
cónyuges ha decidido separarse del otro, ha dejado de ser, de
facto (aunque quizás no formalmente todavía) pareja. La
convivencia ha muerto, aunque esta muerte no sea oficializada
por la ley. De hecho, muchos matrimonios viven separados aunque
no estén legalmente divorciados. En cualquier caso, cualquiera
de las partes tiene el derecho MORAL a separarse de la otra por
decisión propia, si dicho derecho no se traduce legalmente es
porque la ley tiene algo que falla (no sería la primera vez, ni
mucho menos, que la ley va contra la lógica, la moral o el
sentido común).
Una vez asumido el derecho a romper cualquier convivencia por
cualquiera de las partes sin necesidad de que las otras
intervengan en dicha decisión, se trataría de saber cómo
implementar dicha separación de la forma más justa, eficaz y
legítima posible (aunque la convivencia se haya iniciado
ilegítimamente hay que aspirar a romperla legítimamente, no se
trata de arreglar un mal con otro mal). En este punto en el que
estamos, ya hemos reconocido el derecho de autodeterminación de
los pueblos, pero nos falta saber cómo llevarlo a la práctica.
Imaginemos que una región se separa de un Estado. A diferencia
de un divorcio, donde la legislación especifica más o menos
claramente cómo realizar la separación, no hay ninguna
legislación en el caso de grupos de personas (lógicamente puesto
que este derecho no se reconoce a los grupos en la actualidad,
lo cual es a su vez fácilmente comprensible porque los Estados,
que son los que legislan, no van a legislar en contra de sus
intereses). Si existiera un contrato de asociación entre dos
grupos humanos entonces probablemente bastaría con cumplir lo
estipulado en dicho contrato, siempre que en éste se describiera
cómo romper la relación. Pero desgraciadamente éste no es el
caso, la inmensa mayoría de Estados modernos no se han creado
por contratos libres y democráticos entre las partes, en el
mejor de los casos se pudieron crear por acuerdos entre los
dirigentes de distintos territorios (por ejemplo por alianzas
matrimoniales de sus monarquías). Pero por supuesto, los
ciudadanos de las respectivas partes no han tenido casi nunca ni
voz ni voto. Por tanto aquí sólo podemos elucubrar sobre esta
cuestión. Y aquí entramos aún más en el terreno de lo opinable,
de las ideas “frescas”. ¿Qué pertenece en una región al Estado?.
Una región tendría un “continente” (aquellas partes que no
dependen del ser humano, es decir, el territorio, la naturaleza)
y un “contenido” (personas, infraestructuras, etc., es decir,
todo aquello que tiene que ver con los seres humanos). Esto es
lo que habría en un momento dado, pero si añadimos el factor
tiempo, entonces se podría decir que existen unas inversiones en
dinero que realizó el Estado en la región y a su vez un dinero
que la región dio al Estado a lo largo del tiempo. Vayamos por
partes. Si la región se separa, haciendo un símil con el
divorcio entre personas, ¿cómo se reparten los bienes comunes?,
¿hay bienes comunes?. El “continente” es evidente que no puede
repartirse, si las fronteras de la región secesionista, dentro
del Estado del que se separa, son claras, entonces esto no
debería suponer un problema. Y en todo caso, si hubiera
problemas de fronteras, éstos deberían resolverse aplicando la
misma metodología, es decir, la democracia y el principio de
autodeterminación. Aquellas zonas “dudosas” deberían ser
consultadas para que sus habitantes decidan libremente su
futuro. Vayamos al “contenido”. En el caso de la separación, las
personas sólo pueden pertenecer a la región (al nuevo Estado) o
al Estado (antiguo), si la primera se separa (por libre decisión
mayoritaria de todas las personas de la región, y aquellas que
aún no viviendo en su momento en la misma, tuvieron que huir de
ella en el pasado por acoso político o cultural por parte de los
separatistas, y esto lo expreso claramente en mi libro) entonces
aquellas personas que decidan quedarse en la región pasarán a
depender exclusivamente de ésta y aquellas que decidan irse al
Estado dependerán de éste. Esto produjo en su día migraciones
(por ejemplo entre India y Pakistán). Respecto de las
infraestructuras, dado que físicamente están situadas en la
región, no hay manera de que el Estado las recupere, por tanto
no cabe duda que deben pasar a la región secesionista. En todo
caso, se produciría un movimiento de servicios, de
instituciones, de empresas hacia o desde el Estado, pero las
carreteras, los edificios, etc., no se pueden mover. Finalmente,
respecto del dinero intercambiado a lo largo de la historia
entre el Estado y la región, la solución ideal sería
evidentemente “hacer cuentas” para repartirlo. ¿Pero alguien se
imagina lo que significaría escudriñar en las contabilidades de
ambas partes?. ¿Hasta dónde deberíamos remontarnos en el
tiempo?. Es fácil llegar a la conclusión de que, a diferencia de
la separación entre personas (donde estos problemas “técnicos”
son a mucho menor “escala” y en cierto grado abarcables), la
separación entre grupos de personas (donde hablamos de “muchas”
personas y donde los “entes” que se separan pueden tener una
larga historia) es mucho más complicada, en realidad imposible,
si la queremos hacer de acuerdo con criterios de reparto de
“bienes comunes”. Por ejemplo, un argumento muy empleado en su
día por las potencias europeas para combatir la idea de los
independentismos de los territorios coloniales era que la
metrópolis había invertido en ellos, que los había modernizado
(aunque desde luego no por razones altruistas). Pero si incluso
con territorios anexionados recientemente en la historia no se
aplicó ni se planteó ningún criterio de “reparto de bienes”
cuando dichos territorios recuperaron su independencia, ¿cómo
podría aplicarse cuando hablamos de una convivencia mucho más
antigua?. Si consideramos el factor tiempo para justificar la
existencia de un Estado en base a su antigüedad, ¿dónde está el
límite?. Si admitimos que un país invadido hace, pongamos por
caso, 40 años tiene derecho a independizarse, ¿no lo tiene
también uno que lo fue hace 200 años?. ¿Cuántos años deben pasar
para legitimar una situación que nació ilegítimamente?. ¿El paso
del tiempo legitima una situación inicialmente ilegítima?.
Recurrir a la antigüedad de un Estado para justificarlo, y lo
que es peor, para negar el derecho de autodeterminación de sus
partes componentes, es un argumento muy pobre, tan pobre como
legitimar por ejemplo una “democracia” como la actual, o un
sistema económico como el capitalismo, por su presunta
antigüedad. ¿Podía justificarse la esclavitud o el apartheid por
el hecho de que llevaba mucho tiempo funcionando?. En
definitiva, recurrir a la historia para justificar (o denunciar)
situaciones actuales en base a una presunta legitimidad (o
ilegitimidad) histórica conduce a un absurdo laberinto sin
salida. Por esto también, el derecho de autodeterminación debe
ser reconocido tanto si la convivencia de que se trate es
legítima como si no. En resumen, cuando hablamos de la
separación de un grupo de personas de otro, no tiene sentido
plantear la “división de bienes” cuando dichos grupos están
asentados en territorios claramente determinados. Cuando el
grupo humano del que hablamos tiene una referencia territorial,
el territorio marca dicha división, no puede ser de otra manera.
Llegados a este punto en el que hemos reconocido el derecho de
autodeterminación y hemos visto (someramente) cómo podría
llevarse a cabo, el siguiente argumento que emplean algunos en
su contra es recurrir al miedo o peligro de sus posibles
consecuencias, lo cual evidencia su postura contradictoria
porque si se reconoce que cierto derecho es lógico, ético y
posible (a pesar de indudables e inevitables “dificultades
técnicas”), ¿cómo puede temerse su aplicación?. Lo que afirman
algunos de que mejor no reconocer el derecho de
autodeterminación porque sino todo el mundo se independizará y
volveremos atrás es equivalente a afirmar que no reconozcamos el
derecho al divorcio porque sino todo el mundo se divorciará.
¿Anulamos por tanto el derecho al divorcio también?. Por otro
lado, volver hacia atrás en el tiempo no tiene por qué ser
necesariamente malo. Por ejemplo, ciertas tribus primitivas
tenían unas sociedades mucho más igualitarias y solidarias que
las actuales. ¿Por qué ha habido tanta resistencia de muchas
sociedades “primitivas” a la “civilización”?. ¿Realmente somos
más felices los hombres modernos con nuestra “civilización” que
el hombre “primitivo”?. Muchas sociedades “primitivas” eran
mucho más democráticas que la actual (sociedades donde existía
democracia más o menos directa). ¿Es que Europa estaba peor en
la época de las ciudades-comunas independientes de la época
medieval o del renacimiento, época de gran esplendor cultural y
científico?. Una cosa es luchar contra la separación de forma
democrática (lo cual es por supuesto legítimo) y otra es
coartarla no reconociendo el derecho a la misma (lo cual es
ilegítimo porque niega la libertad de asociación). ¿No se
empleaba el mismo argumento contra el voto femenino cuando se
afirmaba que su reconocimiento conduciría al desastre?. Este
tipo de argumentaciones, en realidad, denotan cierto miedo a la
libertad, o dicho de otra manera, suponen en el fondo cierta
“auto-represión” por conquistar más libertad. Denotan miedo a
que la gente no sepa emplearla adecuadamente. Denotan en el
fondo la vía de la represión para luchar contra ciertas
tendencias con las que no se está de acuerdo. Hay que dar la
máxima libertad posible, hay que seguir conquistando mayores
cotas de libertad y, simultáneamente, hay que educar a la
población para usar la libertad responsablemente (nunca
seremos verdaderamente libres si no sabemos usar la libertad con
responsabilidad, sin tutelajes, sin “corsés”). Aumentar la
libertad de una sociedad no es ir marcha atrás, muy al
contrario. ¿Qué es peor un país desunido y “forzado” o un
conjunto de países independientes pero libres?. ¿Es peor un
matrimonio mal avenido unido a la fuerza o dos personas
separadas libres con posibilidades de volver a intentarlo con
otras personas?. ¿Es realmente posible la prosperidad, la
felicidad, sin libertad o con una libertad coartada?. La
verdadera unión debe ser construida en base a la libre decisión
de las partes. Una unión sustentada en la libertad es una unión
natural, no artificial, estable y con más posibilidades de
futuro.
Por tanto, y a modo de resumen:
1) El derecho
de autodeterminación es un derecho de elección de convivencia
(a elegir si deseo convivir con alguien o no y a elegir con
quien). Esto es válido tanto para individuos como para
colectivos.
2) Todo
individuo o grupo tiene derecho a establecer una relación de
convivencia o no con quien quiera, así como a romperla en
cualquier momento sin necesidad del beneplácito de la otra
parte. Sólo es posible la convivencia entre dos partes si AMBAS
lo deciden así, en cuanto una no la desee, no tiene sentido.
Cualquiera de las partes tiene derecho a romper dicha relación
unilateralmente.
3) Si al
establecerse dicha relación se estipuló la forma de deshacerla,
entonces no hay más que cumplir con lo que se estipuló en su día
para CÓMO implementar la separación. Cuando no fue así y se
trata de grupos humanos definidos por territorios, el único
criterio posible para hacer el reparto de lo “común” es el
propio territorio de la parte que decide separarse. El
territorio debe pertenecer sólo a aquellos que habitan en él.
Sólo éstos deben decidir a qué centro de decisión, a qué Estado,
se someten.
4) El
reconocimiento del DERECHO de autodeterminación de los pueblos
(de los colectivos) es un avance importante hacia una sociedad
más libre cuyo objetivo a largo plazo debe ser también el
reconocimiento del derecho de autodeterminación del individuo
mismo. El objetivo es maximizar la libertad del individuo, la
libertad del colectivo al que pertenezca y compatibilizar ambas
libertades.
Esto es lo que se puede concluir desde el punto de vista
estrictamente moral, desde la razón. Otra cosa es la realidad,
donde lo que impera son los intereses, aunque éstos se camuflen
con argumentos “éticos”. Si razonamos en términos de intereses,
entonces podemos afirmar que todos los intereses son
legítimos. Un Estado tiene el legítimo interés de mantener
unidas a sus regiones (especialmente las ricas), una región rica
tiene el legítimo interés de aspirar a independizarse y una
región pobre tiene el legítimo interés de permanecer unida al
Estado (y de que éste no se desintegre). Cada uno mira por sus
intereses, lo que defiende lo hace porque le beneficia
económicamente. Siempre es legítimo aspirar a mejorar las
condiciones de vida (al margen de si uno está equivocado o no
con el camino elegido para ello). Esto es la realidad. Ahora
bien, en cuanto hablamos de intereses, la palabra solidaridad
sobra, ésta “no se lleva bien” con aquéllos. Aquellos que
recurren a defender su postura en base a la solidaridad
interterritorial, en realidad están defendiendo sus intereses
hipócritamente (no es raro que la mayor defensa de la unidad de
nuestro país viniera de los presidentes de las comunidades
autónomas que más reciben del Estado). Y en todo caso, la
solidaridad nunca debe ser forzada, debe ser siempre voluntaria,
debe salir de aquel o aquellos que la deciden ejercer, y en esto
entra mucho la educación, la manera de pensar general de una
sociedad, etc. Es muy gracioso ver cómo aquellos que recurren
hipócritamente a la solidaridad para camuflar los simples
intereses se delatan cuando les toca a ellos ser solidarios y es
muy gracioso ver cómo una sociedad (o sus pretendidos
representantes) basada en las desigualdades, sustentada en la
insolidaridad, en el individualismo (imprescindible para que la
clase trabajadora no esté unida), recurre a la solidaridad
cuando le interesa justificar la represión de la libertad. Por
otro lado, una solidaridad mal entendida, ilimitada en el
tiempo, sólo consigue perpetuar la situación de pobreza de una
región o colectivo. La solidaridad debe ser temporal para que no
se convierta en dependencia. Una región pobre debe recibir la
ayuda de una región rica para “despegar”, para aprender a no
depender de otros, para desarrollarse por sus propios medios.
Una solidaridad convertida en caridad eterna no es buena para
nadie (sobre todo para el que la recibe). Lo importante es que
aquellas regiones que son pobres dejen de serlo porque aprendan
a buscarse la vida, aunque inicialmente reciban cierto empujón.
La pobreza en el mundo no se va a resolver con una solidaridad
que en realidad se traduce en dependencia cada vez mayor de unas
zonas respecto de otras (“solidaridad” que en verdad es el
disfraz de la explotación, la deuda externa de los países del
Tercer Mundo los condena a una pobreza cada vez mayor). Se
resolverá cuando las zonas pobres aprendan a desarrollarse como
hicieron las ricas (mucho más útil es la transmisión de
conocimientos, de técnicas o tecnologías que el simple aporte
monetario), cuando se erradiquen las desigualdades, cuando
exista un comercio justo, un mercado verdaderamente libre en el
que todos puedan competir en igualdad de condiciones, cuando el
sistema económico mundial cambie radicalmente, etc. Un mundo
realmente justo y equilibrado dependerá muy poco de la
solidaridad. Ésta debería ser excepcional, sólo debería surgir
en circunstancias extraordinarias (como desastres naturales o
guerras). Un mundo que necesita de la solidaridad sistemática es
un mundo mal construido, aun admitiendo que dicha solidaridad
sea auténtica. Un mundo donde grandes colectivos dependen de la
solidaridad es un mundo donde algo falla. La solidaridad
sistemática, así como la caridad, son las compañeras de la
desigualdad. Para combatir la pobreza hay que atacar las causas
de fondo de la misma, no basta con actos simbólicos de caridad,
que en realidad no son más que parches que sirven sobre todo
para tranquilizar las conciencias de los que la ejercen. En un
mundo justo donde no haya grandes desigualdades, no será
necesaria la solidaridad. Aquellos que combaten la idea del
derecho de autodeterminación en nombre de la solidaridad, más
deberían preocuparse por que ésta no sea necesaria.
Por consiguiente, tanto si razonamos en términos “éticos” como
si razonamos en términos de “intereses”, el derecho de
autodeterminación es un derecho legítimo tanto para individuos
como para colectivos o pueblos. Y al ser legítimo, una sociedad
que aspire a avanzar, que aspire a mejorar, que aspire a mayores
cotas de libertad, debe reconocerlo. El desarrollo de la
democracia implica, entre otras muchas cosas (como explico en mi
libro), el reconocimiento del derecho de autodeterminación de
los colectivos y de los individuos. El derecho de
autodeterminación es en teoría posible, se enfrenta en la
práctica a la resistencia de Estados que se han formado por la
fuerza y que no quieren renunciar al status obtenido. Es en
realidad un conflicto de intereses donde los Estados intentan
imponer sus intereses, como siempre han hecho, y donde las
regiones aspiran a defender los suyos, como siempre han hecho
también. Pero cualquier conflicto, para evitar que degenere en
violencia, debe resolverse con el diálogo, con la democracia,
reconociendo derechos legítimos. La conquista del derecho de
autodeterminación, asumido hasta las últimas consecuencias, en
mi opinión, sería un gran paso hacia un mundo más libre y
pacífico. No hay que tener miedo al reconocimiento de dicho
derecho. El reconocimiento del divorcio tampoco acabó con la
institución matrimonial ni por supuesto con la convivencia.
Somos seres sociales y necesitamos de la convivencia pero para
que ésta sea auténtica, para que funcione de verdad, necesita
que sea libre. Aunque inicialmente pudieran producirse ciertos
movimientos independentistas, quizás una vez conquistada la
libertad de elección, los pueblos elegirían poco a poco
asociarse, como consecuencia de un mundo cada vez más
globalizado. Quizás tendamos hacia un Estado planetario formado,
no por Estados “forzados”, sino que por pueblos que eligen
asociarse por propia voluntad. De esto hablo más extensamente en
mi libro Rumbo a la democracia en el capítulo Los
errores de la izquierda. Y si no es así, tampoco sería tan
desastroso siempre que se respete dicho derecho, y esto implica
necesariamente la renuncia a la fuerza (lo realmente desastroso
es el uso de la fuerza). A lo largo de la historia, la mayor
parte de los conflictos armados han sido por causas
nacionalistas, que en realidad camuflaban los intereses
económicos de distintos colectivos que querían imponerse unos
sobre otros. El territorialismo, la dominación de unos
territorios sobre otros, es una herencia del territorialismo del
“macho dominante” que aún tenemos en nuestros genes. La
conquista del derecho de autodeterminación, del principio de
autonomía como dicen los anarquistas, supondría un paso
importante hacia nuestra liberación del instinto animal de
dominación.
Pero para liberarnos de nuestras peores herencias del animal que
llevamos dentro, lo primero de todo, es que renunciemos al
peor de nuestros instintos: la violencia. Como decía Gandhi,
El fin está contenido en los medios como el árbol en su
semilla; de un medio injusto no puede resultar un fin justo.
La lucha por alcanzar la verdadera democracia (siendo la
conquista del reconocimiento del derecho de autodeterminación
uno de sus hitos) debe ser democrática y pacífica. No se
puede justificar medios ilegítimos para deshacer situaciones
consideradas ilegítimas. La forma de combatir contra la
ilegitimidad es con legitimidad. Y la lucha violenta innecesaria
es siempre ilegítima (además de perjudicial para la causa
defendida). Tampoco es legítimo, en nombre del derecho de
autodeterminación, el acoso hacia aquellos que no comulgan con
las ideas propias. Además es contradictorio. Si estamos luchando
por que todos (individuos y colectivos) sean libres, no es
coherente coartar la libertad de aquellos que piensan de forma
distinta. La lucha por la libertad debe ser para que TODOS los
individuos que componen la sociedad sean libres. La libertad
debe ser compartida por todos en igualdad de condiciones. Así
como algunos unionistas combaten la idea de los separatismos
negando la libertad de los que no piensan como ellos y
recurriendo hipócritamente a una falsa solidaridad, cuando no al
miedo, algunos separatistas recurren a la violencia física y
psicológica coartando la libertad (y el derecho fundamental a la
vida) de sus enemigos. ¿Cómo podemos reivindicar libertad cuando
al mismo tiempo no respetamos el derecho básico a la vida?.
Luchar por una causa justa de forma injusta es el peor favor que
se puede hacer a dicha causa y es el mejor favor que se
puede hacer al enemigo porque éste pasa de ser verdugo a
víctima, porque se le da alas. Aquellos que matan a víctimas
inocentes en nombre de la libertad, matan también a la propia
libertad, matan cualquier posibilidad real de alcanzarla. Quizás
podrían alcanzar en algún momento su ansiada autodeterminación
(quizás por hastío del Estado que combaten, de su población, e
incluso de la población que dicen representar), aunque es muy
poco probable (sus métodos desvirtúan tanto su causa ante la
comunidad internacional que es casi imposible que ésta pudiera
reconocer un nuevo Estado surgido con dichos métodos, y no
olvidemos que cualquier Estado nuevo necesita imperiosamente el
reconocimiento internacional), pero por la forma de obtenerla
(en el hipotético e improbable caso de que la obtuvieran así),
no sólo no conseguirían el reconocimiento de dicho derecho sino
que lo anularían, se convertirían ellos mismos en los Estados
contra los que luchan. Cuando se combate al enemigo asumiendo
sus métodos (aunque bajo otras formas), asumiendo su filosofía,
uno se convierte en él. Un Estado nacido por la imposición de
los separatistas no se diferenciaría en esencia de un Estado
nacido por la imposición de los unionistas. En ambos casos el
Estado nace por la fuerza. El reconocimiento del derecho de
autodeterminación implica la posibilidad de que cualquier grupo
pueda separase de otro pero también de que pueda permanecer
unido, la clave está en que dicha decisión sea tomada
libremente, la clave está en respetar la decisión DEMOCRÁTICA de
la población que deba decidir sobre dicha cuestión. Tan poco
democráticos son aquellos que en nombre del Estado de derecho se
cargan éste (porque no admiten la posibilidad de que cierto
grupo humano se separe por su propia decisión o porque conculcan
ciertos derechos básicos) como aquellos que, pistola en mano,
matan a aquellos que defienden la idea de permanecer unidos.
Aunque en este último caso, además de antidemocráticos, se
convierten en criminales, en bárbaros, en inhumanos. La
auténtica DEMOCRACIA es la única que puede solucionar los
conflictos nacionalistas (en general todos los conflictos).
Cualquier otra “solución” significa simplemente posponer el
problema, aplazar su solución definitiva o simplemente sustituir
una injusticia por otra. Democracia es diálogo, es respeto
(especialmente al contrincante), es usar la fuerza de la razón y
no la razón de la fuerza, es debate, es dar una importancia
prioritaria a las formas y es sobre todo una apuesta clara por
la LIBERTAD (propia y especialmente ajena). Este problema que
tenemos en España no se solucionará con más represión, ni con
más Estado policial, ni con más terrorismo, se solucionará con
más democracia. Y para ello, aquellos que usan medios ilegítimos
y bárbaros deben renunciar UNILATERALMENTE a éstos,
independientemente de lo que haga el enemigo. Debemos denunciar
tanto el terrorismo de ETA como la represión antidemocrática del
Estado, debemos denunciar tanto los asesinatos como las
torturas, debemos denunciar tanto el silencio cómplice como su
uso como excusa para reprimir ideas, debemos denunciar los
comportamientos antidemocráticos de ambos bandos. La llamada
izquierda abertzale debería denunciar claramente la violencia y
distanciarse de ella definitivamente. Sería el mejor favor
que podría hacerse a sí misma, su causa probablemente ganaría
más adeptos y más simpatía tanto en el País Vasco, como en el
Estado español (aunque será necesario mucho tiempo para quitarse
el lastre de su complicidad con el terrorismo), como en el
extranjero. Porque aunque la democracia en España sea muy escasa
y muy mejorable, a pesar de todo, el movimiento independentista
vasco tiene la posibilidad de defender sus ideas públicamente
hasta el punto de tener un peso importante en las instituciones
“democráticas”, como así fue en el pasado reciente. Ya les
gustaría a muchos movimientos sociales o políticos marginales
tener la posibilidad que tiene el movimiento independentista
vasco de propagar sus ideas. Dicho movimiento debe liberarse del
lastre de ETA. Porque ésta es, en las condiciones actuales, el
principal obstáculo para la paz, para la resolución del
conflicto vasco y para la tan deseada (por el movimiento
abertzale) independencia. La izquierda abertzale tendría que
preguntarse qué ha hecho más daño al Estado español, si el goteo
continuo de muertes o si el intento del lehendakari Ibarretxe de
hacer una consulta popular (aunque no fuera vinculante). El
Estado español puede sobrevivir al goteo de muertes, como ha
hecho hasta ahora, y en cierta medida, el terrorismo le
beneficia por la asociación interesada que hace entre el fin y
los métodos, porque le permite desvirtuar fácilmente aquél por
éstos, porque le permite convertirse en víctima, porque le
permite autoerigirse en “defensor de la democracia” (no hay nada
más fácil que convertirse en “demócrata” cuando uno se compara
con asesinos que no respetan el derecho más elemental, como es
el derecho a la vida). El plan Ibarretxe, sin entrar en
consideraciones acerca de su posible oportunismo o no, de su
posible falta de sinceridad o no, de hecho, ha puesto mucho más
en evidencia al Estado “democrático” español y su Constitución,
que todas las muertes inútiles y crueles del terrorismo etarra.
Ese es el camino que debería emprender el independentismo vasco,
el camino de la denuncia legal, institucional, de la lucha
pacífica en la calle, en los organismos internacionales. Y por
otro lado, la ley de partidos, sustentada en la
criminalización de organizaciones por el simple hecho de usar el
democrático (aunque reprobable moralmente) derecho de permanecer
calladas ante la barbarie terrorista, debería ser derogada.
Hay que combatir comportamientos democráticos con el Estado de
derecho, de forma democrática. Otra cosa muy distinta es
ilegalizar organizaciones que colaboren directamente con
organizaciones criminales como ETA. No es lo mismo, desde el
punto de vista legal, desde el Estado de derecho, la apología
del terrorismo o la colaboración con banda armada, que el
silencio a la hora de condenar atentados (aunque esto sea, y en
mi opinión lo es, reprobable moralmente). Al aplicar métodos
condenables y poco democráticos, el Estado español, también le
hace un favor al enemigo porque le convierte en víctima. Si
España quiere combatir los separatismos, más debería preocuparse
de que todos los españoles se sientan a gusto en su Estado (por
ejemplo democratizándolo) y más debería preocuparse de hacer
cumplir la ley respecto a cuestiones culturales como el
bilingüismo. España puede, por ahora, estar ganando
aparentemente la guerra contra los separatismos con el simple
método de la represión, puede estar ganando la batalla legal,
pero está perdiendo la batalla cultural. Un sistema democrático
(ley electoral), diseñado para dar excesivo protagonismo a
fuerzas nacionalistas con tal de restar fuerza a la izquierda
transformadora del Estado, hipotecado a las fuerzas de las
burguesías nacionalistas de Cataluña o el País Vasco, ha
provocado la claudicación ante dichos nacionalismos (siempre
menos perjudiciales que ideologías que pongan en peligro los
pilares básicos del sistema económico). Quiénes están
“rompiendo” España no son aquellos que desean que se mantenga
unida sin recurrir a la represión de derechos elementales, sino
aquellos que han antepuesto su status político-económico ante
cualquier otra consideración. Prefieren “romper” España a
arriesgarse a perder sus privilegios, derivados de un sistema
injusto. Lo que les da más miedo no son los separatismos (aunque
usen los sentimientos nacionalistas para cerrar filas y desviar
la atención), lo que les da más miedo es la verdadera
democracia, es que el pueblo pueda ser dueño de su propio
destino, es que éste pueda tomar decisiones que perjudiquen a
las clases dirigentes o privilegiadas. El Estado español debe
iniciar una profunda democratización que facilite la resolución
de este conflicto, y a su vez, los terroristas deben renunciar
de inmediato e INDEFINIDAMENTE a la lucha armada (y para
esto es muy importante que la izquierda abertzale, en la que
cada vez más se afianza la idea de que es posible defender sus
ideas pacíficamente, en la que la violencia se ve como
innecesaria y contraproducente para la causa, presione a la
banda terrorista para su autodisolución). Pero esto debe
hacerlo cada bando por propia iniciativa sin esperar a que el
otro dé el primer paso. En mi opinión, sólo así será posible
desbloquear la situación. El Estado debe reconocer el derecho de
autodeterminación de los pueblos que componen España (incluso
aunque sea el primer Estado en el mundo en hacerlo, el que no lo
haya hecho nadie hasta ahora no legitima su negación, la
historia está llena de casos en los que alguien tuvo que dar el
primer paso hacia una sociedad más libre), pero los separatistas
deben reconocer también el derecho que tienen aquellos
ciudadanos vascos, que acosados por el nacionalismo, han tenido
que huir del País Vasco para poder sobrevivir. El día que se dé
un referéndum para que el pueblo vasco pueda elegir libremente
su destino, esto deberá hacerse dando voz a TODOS los vascos
(tanto a los que residan en ese momento en el País Vasco como a
los que tuvieron que huir de él en el pasado reciente por el
acoso sufrido) y deberá hacerse de tal manera que ambas opciones
(la unionista y la separatista) puedan ser defendidas en
igualdad de condiciones y con plena libertad. No es tampoco
legítimo ni democrático hacer una “limpieza étnica” del
electorado para conseguir con el tiempo que éste piense como uno
desea. Pero a su vez, aquellos que defienden el reconocimiento
del derecho de autodeterminación para conseguir su ansiada
separación, deberán reconocer también el derecho de
autodeterminación de todas las partes que componen su
territorio. Yo estoy a favor del derecho de autodeterminación
del País Vasco, pero también reivindico dicho derecho para
Álava, para Guipúzcoa o para Vizcaya. También hay que defender
el derecho a que Navarra o las regiones del País Vasco francés
decidan por sí mismas si desean unirse a Euskal Herría o
permanecer en el Estado en el que están o incluso ser
independientes. Recordemos que el derecho de autodeterminación
debe ser independiente de cualquier otra consideración (incluida
la afinidad cultural). Si admitimos que el País Vasco tiene
derecho a ser independiente, al margen de las indudables
afinidades culturales e históricas que tiene con España (mal que
les pese a algunos), sin tampoco desdeñar sus indudables
peculiaridades culturales e históricas (mal que les pese a
otros), entonces, para ser coherentes, debemos admitir también
el derecho que tiene cualquiera de sus provincias, al margen de
las afinidades culturales o históricas, a ser independientes a
su vez del País Vasco. Y esto mismo puede decirse también para
Cataluña o para cualquier otra comunidad. Este derecho (como
cualquier otro) debe ser reconocido por igual para todo el
mundo. Pero no hay que confundir el estar a favor del
reconocimiento del derecho de autodeterminación con estar a
favor de la separación (o de la unión). Uno puede tener sus
preferencias pero no se trata de eso, se trata de considerar el
hecho de que las preferencias de uno no tienen por que coincidir
con las de otro, se trata de respetar las ideas opuestas. Al
igual que tampoco hay que confundir el derecho al divorcio con
el hecho de estar a favor de aplicarlo. Yo reconozco el derecho
que tiene mi cónyuge al divorcio, pero procuraré por todos los
medios (siempre que no coarten su libertad), mientras piense que
merece la pena seguir conviviendo juntos, que no se lleve a
cabo. Aunque yo luche por evitar la separación, debo respetar
siempre el derecho que tiene mi cónyuge a separase si así lo
decide. No es lo mismo convencer que imponer. La imposición
no casa con la libertad ni con su “hermana gemela” la
democracia. El objetivo es el reconocimiento del derecho de
autodeterminación de todos los colectivos y de todos los
individuos. El reconocimiento de dicho derecho para los pueblos
es sólo un paso más hacia un mundo más libre. El problema del
llamado por algunos conflicto vasco y por otros problema
terrorista, es que NINGUNA de las partes es realmente
democrática. Ni el Estado español (que tanto proclama la palabra
democracia) cree realmente en la democracia, ni los
presuntos luchadores por la libertad de su pueblo creen
realmente en la libertad. Este conflicto es un ejemplo más de
la imperiosa necesidad de desarrollar la democracia para que la
humanidad sea capaz de sobrevivir a sí misma.
Sin embargo, a pesar de sus particularidades y de su intensidad,
el problema de los nacionalismos no es exclusivo de nuestro
país. Es una de las cuestiones más candentes a nivel
internacional. El reconocimiento del derecho de
autodeterminación es un problema, que lejos de estar zanjado,
está muy presente en las instituciones mundiales. Este principio
del derecho a la autodeterminación está recogido actualmente en
algunos de los documentos internacionales más importantes como
la Carta de Naciones Unidas o los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos. También numerosas resoluciones de la Asamblea
General de la ONU hacen referencia a este principio y lo
desarrollan. Pero a pesar de todas estas referencias en el
derecho internacional, esta cuestión no está ni mucho menos
resulta. Dicho derecho no está aún incluido en el principal
documento como es la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que además no es vinculante, no es de obligado
cumplimiento, y para colmo, el derecho de autodeterminación se
limita al ambiguo concepto de “pueblo”. Este derecho no se
reconoce a cualquier grupo humano sino que sólo a los “pueblos”.
Y aquí es donde surgen los problemas. ¿Qué se entiende por
“pueblos”?. Esto lleva a discusiones sin fin que no llevan a
ningún lado y que provocan, como tantas veces con las leyes
confusas, interpretaciones interesadas, fruto en realidad de las
negociaciones, del mercadeo de intereses. Es imprescindible
desarrollar la Declaración Universal de los Derechos Humanos
para completarla y para evitar en la medida de lo posible
ambigüedades, pero además, dicha declaración debe considerarse
de obligado cumplimiento para que no se quede en papel mojado.
El problema con el derecho de autodeterminación, la principal
razón por la que se quiere limitar, es que su reconocimiento
universal sin límites podría provocar la infinita divisibilidad
del territorio y de la población, como consecuencia de su
aplicación recurrente. Según la llamada teoría de la infinita
divisibilidad, el reconocimiento ilimitado de dicho
principio de libre determinación provocaría un fenómeno conocido
como “tribalismo postmoderno” que podría ir en detrimento de la
protección de los derechos humanos y la preservación de la paz y
la seguridad. Sin embargo, en primer lugar, es discutible que se
produjera una reacción en cadena inacabable de secesionismos,
aunque tampoco puede descartarse. En segundo lugar, es
discutible que eso sea perjudicial, puesto que en el fondo
podría suponer una progresiva descentralización de la sociedad.
Los centros de decisión estarían cada vez más próximos al
ciudadano de a pie, en realidad, esto podría suponer la
progresiva implantación de modelos de democracia donde los
ciudadanos tendrían más peso (democracia directa), y esto podría
suponer el fin de una sociedad controlada por ciertas élites
como la sociedad actual, basada en una democracia representativa
bajo mínimos, basada en una excesiva concentración del poder.
Ésta sea quizás una de las principales causas por las que se
quiere evitar el reconocimiento universal del derecho de
autodeterminación (quizás por esto mismo no figure aún en la
declaración UNIVERSAL de los derechos humanos), porque podría
suponer el fin del monopolio de los Estados para organizar a los
seres humanos. Podría significar, con el tiempo, la desaparición
de los Estados nacionales y su sustitución por las
comunas/municipios. En definitiva, el reconocimiento del derecho
de autodeterminación universal (como dicta la razón, la moral y
el sentido común) podría significar el fin del modelo de
sociedad actual, podría implicar el paso del centralismo al
federalismo (sería un paso hacia una sociedad anarquista). Y en
tercer lugar, el posible riesgo de que los derechos humanos
peligraran podría evitarse haciendo que la Declaración Universal
de los Derechos Humanos sea vinculante, el posible riesgo de
conflictos armados podría disminuirse haciendo que la ONU sea
realmente democrática y potenciando su papel de árbitro efectivo
en los conflictos internacionales. ¿Es que no se incumplen ya en
la mayoría de países los derechos humanos, en mayor o menor
medida?. Si tendiéramos, como ya expliqué antes, hacia un mundo
organizado en base a Estados (ya sean los actuales, ya sean
“micro-Estados”, o incluso comunas o municipios) supeditados
todos ellos en cuestiones básicas (como los derechos humanos) a
UN Estado mundial (la ONU podría ser su precursor), entonces no
sólo los derechos humanos no peligrarían, sino que, muy al
contrario, se aplicarían en la realidad por igual para todos los
habitantes del planeta. Evidentemente, todo esto no son más que
elucubraciones, pero lo que no tiene sentido es reconocer un
derecho sólo para ciertos colectivos aplicando un “filtro”
ambiguo. Esto no soluciona los problemas, simplemente los
pospone. El objetivo debe ser el reconocimiento del derecho
de autodeterminación de cualquier individuo y de cualquier
colectivo. Debe ser un derecho universal. Los únicos límites
de dicho derecho deben ser los propios derechos humanos. El
derecho de autodeterminación debe ser reconocido como un derecho
humano más que no entre en conflicto con el resto de derechos.
Si admitimos la universalidad de los derechos humanos, entonces
cualquier grupo humano debería regirse por unas normas de
convivencia que los cumplan. Las teorías que defienden el
universalismo de los derechos humanos se suelen contraponer al
relativismo cultural, que afirma la validez de todos los
sistemas culturales y la imposibilidad de cualquier valoración
absoluta desde un marco externo, que en este caso serían los
derechos humanos. Admitir o no la validez de la universalidad y
atemporalidad de los derechos humanos es un debate que excede el
objetivo de este trabajo (aunque está relacionado con el tema
que tratamos aquí), simplemente aquí se ha hecho referencia al
tema de los derechos humanos para rebatir a aquellos que los
usan como argumento contra el reconocimiento del derecho de
autodeterminación sin “filtros”.
Una sociedad
que aspire a ser libre, que pretenda llamarse democrática, debe
tender a que lo ético, lo lógico, sea legal. Escudarse en
laberintos legales para ocultar lo que nos dicta la razón, el
sentido común, es convertir a la ley en un fin en sí mismo. La
ley debe servir para llevar a la práctica el concepto de
justicia, pero nunca debe sustituir dicho concepto. Los
legalismos no son nunca argumentos para razonar sobre cuestiones
de la ética. La ley no siempre es justa, demasiadas veces ha
servido para enmascarar la injusticia.
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Comentarios:
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No consiento que se hable mal
de Franco en mi