El Alcalde de Puerto Real, en la Audiencia Nacional

por supuestas injurias al rey

 José Luis Pitarch

UCR 3 de Junio de 2009

      El tardofranquismo contraataca, por vía combinada de un PP que mira como la mujer de Lot, recordando con añoranza la dictadura (no todos los miembros del PP, hay parte equiparable a la derecha liberal no fascistoide europea), y unos jueces (tampoco todos los jueces) con fobia a investigar los imprescriptibles crímenes de lesa humanidad del franquismo, rozando, si no entrando, lo que podríamos llamar la “prevaricación por omisión”. Es que el pensamiento conservador, como decía el otro día Julio Anguita en la Universidad de Granada, tiene vocación de eliminar el pensamiento. O sea, el análisis, la averiguación intelectual, la conciencia, si me permiten añadir.

      En estas coordenadas tememos cabe situar el proceso judicial penal contra el Alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, y el juicio al que se le ha sometido el día 2 de junio a las 11 horas en la Audiencia Nacional, planta segunda. Tal proceso y juicio constituyen una muestra de las graves insuficiencias de nuestra democracia, pues se diría que la Justicia, en este “caso” igual que en otros conocidos casos, se mueve por motivos políticos, esto es, viste con ropaje jurídico lo que son decisiones políticas. Puente Ojea, desde sus colosales 85 años, cree que la “transición” es un enorme timo histórico, trazado, determinado no por unas Cortes de clara soberanía popular, sino por un rey puesto por el dedo del sangriento dictador y por las fraudulentas Cortes de servidores y paniaguados del mismo.

      Se quiere castigar e inhabilitar a Barroso --y quizá también castigar a los puertorrealeños por haberle elegido democráticamente desde hace tres décadas-- debido a haber  reproducido lo ya escrito y publicado en libros y periódicos por historiadores e informadores, en particular el enriquecimiento dudoso u opaco del monarca, sin que obste a tal persecución penal el que Barroso aporte ante el juez dichos libros y periódicos. Cuyos autores, por ende, no han sido objeto de reproche o condena penal. Como si el Artículo 14 de la Constitución (el primerísimo del Capítulo “Derechos y libertades fundamentales” del Título I de la misma) no consagrase la más absoluta igualdad ante la ley, sin discriminación alguna; como si el Artículo 9.2 de la citada Ley Máxima no exigiese a los jueces “promover” las condiciones para que la igualdad de las personas y de los grupos en que éstas se integran sea “real y efectiva”, exigiéndoles también, expresamente, “remover los obstáculos que lo impidan o dificulten”.

      Pues ¿acaso es ésta la misma vara de medir justicia que la aplicada cuando el diputado Joan Tardà, en un discurso público de hace medio año, gritó “¡Muerte al Borbón!”? ¿Tienen noticia, los dignos jueces actuantes en el caso del alcalde gaditano, de la aberrante degradación jurídica conocida como “Derecho penal de autor”, que pisotea el mencionado Artículo 14?

      ¿Y qué decir de que el juez de la Audiencia Nacional haya admitido de plano las pruebas alegadas por el Fiscal para acusar en juicio al Sr. Barroso, y en cambio no admita ni la prueba documental 2ª ni la testifical que ha propuesto Barroso para poder defenderse? Con la testifical, en particular, el alcalde Barroso pretende que varias personas que han hecho públicas, en libros y medios de comunicación, diversas actividades crematísticas de Juan Carlos de Borbón, declaren en el juicio cuáles son sus bases y fuentes de conocimiento al respecto. ¿Hay temor a estas declaraciones, “temor político”? Da impresión de que se maneja por el juez un concepto de prueba “pertinente” con formato de embudo.

      Paralelamente, preocupa no poco a muchos ciudadanos y ciudadanas que coincida este juicio a José Antonio Barroso con la admisión por el Tribunal Supremo de la querella contra el juez Garzón interpuesta por un sindicato nostálgico de la dictadura y genocidio franquista. Dicen estos “sindicalistas”, aplaudidos jubilosamente por el PP, que Garzón sabía que no era competente para investigar los crímenes de lesa humanidad del franquismo, y que, por tanto, prevaricó al considerarse competente.

      El PP no da mayor importancia a que Camps, Fabra, etcétera estén imputados como supuestos “trincones”, incluso llama al pluriimputado castellonense “ciudadano ejemplar” (Rajoy dixit). Pero descorcha cava si imputan a Garzón por su honrosa labor de destapar los crímenes de lesa humanidad  cometidos bajo la batuta de personajes como su actual “presidente fundador”. Es decir, por el intento de don Baltasar de hacer cierta la “tutela judicial efectiva” prescrita en el Art. 24 de la Constitución. ¡Ay Baltasar, cómo se te ocurrió decir, igual que el niño del cuento de Andersen, que el rey va desnudo! ¿No sabes que los jueces, fiscales y gobernantes españoles llevan décadas y décadas mirando para otro lado respecto a los crímenes de lesa humanidad del franquismo, incluso después de que el Estado español firmase el Estatuto de Roma que declara imprescriptibles dichos delitos? ¡Y encima te pones a destapar las tramas de corrupción vinculadas a la derechona política! Lo que me extraña es que no te hayan envenenado, o algo así.

      Hay, por terminar, un sector de la judicatura muy cercano a esa derechona. Y hay unos jueces que irían al infierno, si lo hubiese, por decir --para cerrar el paso a la investigación judicial de Garzón-- que el golpe de estado de 1.936 y la guerra contra el legítimo Gobierno republicano no fue un delito contra altos organismos de la nación y contra la forma de gobierno. Son jueces a los que  gusta juzgar a perdedores, como Saddam Husein, Milosevic, o los militares españoles vencidos por la tripleta Franco- Hitler-Mussolini. Pero no juzgar a los ganadores. Quizá por eso el Tribunal Supremo ha dinamitado la querella presentada por Carmen Negrín contra los diez magistrados que hicieron descarrilar la citada investigación garzoniana. Hay jueces y políticos, en fin, que creen que los asesinados por los “vencedores” contra media España, y enterrados sin nombre en fosas comunes por zanjas y barrancos, tienen, como dice la Asociación por la Memoria y la Justicia de Salamanca, el mismo status que los enterrados en las fosas de Atapuerca. En fin, me viene a la cabeza que el Tribunal Supremo también intentó frenar el acceso de periodistas con cámaras a los juicios.

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  José Luis Pitarch, es profesor de Derecho Constitucional