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Sobre
la Constitución de 1978
Juanjo Picó *
Intervención
de Juanjp Picó en acto organizado por UCR en el CAUM - 5
de Diciembre de 2008
“La Constitución de 1978” puede
comentarse desde múltiples puntos de vista. Pero, sobre todo, lo
que nos anima en estas fechas de grandes pero vacíos fastos, es
dar una lectura diferente, crítica y alternativa de la misma
frente al atontamiento mediático y cultural que nos está
acompañando -y lo que aun nos queda por sufrir- en este 30
aniversario de su promulgación (6-dic-1978).
Una lectura que debe suponer, por tanto,
algo así como una vacuna que nos inmunice, a la vez que nos
despierte los ojos, de todas esas desbocadas pleitesías de los
que se llenan la boca de Constitución pero que pasan por alto
realizarle cualquier mínimo análisis racional después de todo
este periodo de vigencia. Se trata, en suma, de compartir una
visión alternativa sobre este asunto para lo cual me quiero
referir a unos simples apuntes descriptivos del contexto actual
que, en mi opinión, están en el centro de este análisis.
En mi opinión, cuando se cumplen 30 años
de la Constitución de 1978 son cada día más evidentes las
limitaciones de su propio articulado además de los
incumplimientos y vaciamientos de su contenido, lo que está
impidiendo consolidar un ordenamiento que responda de una forma
efectiva e inequívocamente democrática a las necesidades,
derechos y expectativas de la ciudadanía en lo político, social,
económico y cultural. En otras palabras, existe un agotamiento
de la Constitución de 1978 y la Monarquía como forma de Estado,
que requiere de una profunda regeneración democrática que revise
este modelo a partir de una clara ruptura y superación de los
consensos, cesiones, contenidos y desmemorias de la Transición.
En estas mismas fechas hay que recordar
otros aniversarios relacionados. El de la promulgación de la
Constitución de la 2R (9-dic-1931) y el de la Declaración de los
Derechos Humanos de la ONU (10-dic-1948). Dos referentes que no
se pueden olvidar cuando sus contenidos están confrontados con
los incumplimientos y limitaciones de la actual Constitución.
Así, por las costuras de este sistema
están aflorando distorsiones tan evidentes como, por ejemplo:
·
La ausencia de una efectiva Separación de poderes
(“Montesquieu ha muerto”), con la permanente intromisión del
poder ejecutivo y los partidos mayoritarios sobre el poder
judicial en el nombramiento de sus miembros, o viceversa, cuando
el poder judicial, léase el Tribunal Constitucional, se
convierte de hecho en un segundo poder legislativo,
·
El desastre sin paliativos de la Administración de
Justicia que está impidiendo asegurar el derecho de todos
los ciudadanos a tener una justicia rápida, justa y efectiva,
·
La desvergüenza de constatar la Desigualdad ante la
ley y la impunidad selectiva, con los múltiples ejemplos de
corrupción a todos los niveles así como el trato de favor
político y mediático para con los detentadores del poder
político y económico de siempre,
·
El despropósito existente en la Estructura territorial
del Estado, donde, en una carrera sin sentido en la revisión de
los Estatutos autonómicos, no se está asegurando un desarrollo
armónico multilateral que, junto a derechos mínimos e iguales
para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de
residencia, defina un marco competencial y de financiación
equilibrado y solidario (y sin la distorsión del cupo y los
conciertos forales). Por no hablar del no reconocimiento del
derecho de autodeterminación en el marco de un estado federal
plurinacional,
·
O respecto a la carencia de una verdadera Democracia
Radical en la vida política y social. No sólo, por ejemplo,
en relación con la injusta normativa electoral promotora del
bipartidismo y la desigualdad del valor del voto sino
principalmente en la ausencia de cauces reales que acerquen al
ciudadano a la participación democrática. Por no hablar de otros
aspectos no contemplados como el de la revocabilidad de los
cargos públicos, el acceso social a los medios de comunicación,
etc.
·
Y si es respecto a lo que debería ser la Laicidad del
Estado, denunciamos que, pese a la aconfesionalidad de su
articulado, existe de hecho una confesionalidad encubierta por
la complaciente actitud y prebendas de tipo económico, en la
educación y en la presencia pública para con la Iglesia Católica
en base a unos
Acuerdos con el Vaticano de 1979 que deben ser derogados, en
lugar de afirmar de forma indubitada la libertad de conciencia y
la separación Iglesias-Estado en el marco de un Estado laico,
·
Por no hablar de la falta de Cumplimiento efectivo de
los Derechos Humanos en sus tres generaciones: civiles y
políticos, sociales y culturales, y emergentes, los cuales,
junto con sus posteriores pactos internacionales firmados por la
mayor parte de los Estados, el nuestro entre ellos, que siguen
siendo manifiestamente incumplidos o ignorados en su más amplio
contenido,
·
O la descarnada y anticonstitucional Política de
privatizaciones y demás Políticas económicas antisociales,
limitadora de lo público, como, por ejemplo, en la sanidad,
educación y en los servicios sociales básicos, en contra del
derecho al acceso a una vivienda y a un trabajo digno en el
marco de una política de pleno empleo, etc. que siguen siendo
papel mojado. O en la necesidad de contar con un fuerte sector
público de la economía y de una verdadera planificación
democrática de la misma, etc. (y eso a pesar de la crisis que
nos está cayendo!!)
Estos y otros temas se hurtaron o no
fueron considerados como centrales en la Transición, y así se
han mantenido durante todos estos años, pero que ahora sí lo
son; o que entonces se dejaron aparcados o mal resueltos (el de
la Memoria Histórica, entre otros); o que, simplemente, los
avances sociales para satisfacer nuevos derechos y exigencias
ciudadanas ponen de manifiesto las carencias y limitaciones del
actual modelo.
Porque es que, además, en la cúpula de
este modelo constitucional se encuentra una monarquía que
responde a una institución radicalmente antidemocrática carente
de cualquier atisbo de encaje y justificación en nuestro tiempo.
Su carácter vitalicio, hereditario e irrevocable; la
“inviolabilidad” del monarca; el “no estar sujeto a
responsabilidad” en sus actos; la ausencia de control alguno
sobre sus actividades, su patrimonio y sus gastos a cargo del
erario público, etc., son privilegios que vulneran los más
elementales principios democráticos. Lo mismo que el blindaje
político y mediático lleno de silencios y pleitesías que rodea a
la institución, al monarca y a sus actuaciones frente a las
voces cada vez más frecuentes y más críticas que, como pura
libertad de expresión, se alzan en la sociedad.
Porque esta monarquía, además de su intrínseco carácter
antidemocrático, no neutral sino fiel representante y símbolo del sistema
actual, es que tiene además una clara ilegitimidad de origen y de ejercicio,
existiendo un clamoroso silencio que trata de ocultar:
·
Que las Cortes de la 2R en sesión del 19 de Noviembre de 1931 degradaron
a Alfonso XIII de Borbón “de todas sus dignidades, derechos y títulos,… sin
que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores” (sic),
·
Que Don Juan Carlos I de Borbón fue designado por el dictador en 1969
como su sucesor, jurando los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional
(juramento que no ha hecho con la Constitución de 1978). La monarquía del Borbón
es, por tanto, clara heredera del franquismo y nunca de la legalidad de la II
República.
·
O cuando se tergiversa y se quiere dar por resuelta esta legitimidad a
partir del pacto de la Transición, que metió a la monarquía de trágala en la
Constitución de 1978, sin ser objeto de debate o de posibilidad de elección
alternativa alguna, en el mismo paquete que otorgó Democracia y Libertades
frente a la Dictadura y ello sin que mediaran unas verdaderas Cortes
Constituyentes.
·
Y qué decir del 23-F (de 1981), con el manto de silencio que sigue
cubriendo la oscura actuación del monarca en el golpe de Estado. La reciente
denuncia pública del militar Amadeo Martínez Inglés, conteniendo duras y
explícitas acusaciones sobre la implicación del monarca en este hecho, además de
su relación con otras corruptelas, amistades, correrías y “borbonadas”, sigue
durmiendo en el sueño de los cajones oficiales y de los medios de comunicación.
En su lugar se sigue manteniendo la entelequia mediática de que el Rey es el
principal artífice y defensor de la libertad y la democracia conseguidas.
Llegados a este punto del discurso conviene concretar mi
opinión de que el debate y la crítica sobre la Constitución de 1978 no es tanto
por recordar lo que pudo haber sido y no fue, ni tampoco el papel catalizador
que haya podido jugar durante estos años.
Se trata que, después de 30 años, no se puede ni
sacralizar su contenido ni denunciar únicamente, los incumplimientos y
vaciamientos de contenido que los Gobiernos de turno, del signo que sea, han
hecho o dejado de hacer acerca del desarrollo normativo de las partes mas
progresistas de su articulado, en muchos casos en clara actuación u omisión
anticonstitucional, lo que evidentemente hay que denunciar con total claridad y
firmeza.
Porque lo que realmente hay que poner de
manifiesto es la necesidad objetiva de acometer una reforma a
fondo, no solo cosmética o acotada de la misma que permita
eliminar las limitaciones intrínsecas existentes en el
actual marco constitucional, algunas de las cuales se han
comentado, con la monarquía como elemento central a superar.
Una reforma que posibilite dar una
respuesta a los contenidos de un verdadero “Estado Social y
Democrático de Derecho” acorde con nuestro tiempo, para
satisfacer las exigencias ciudadanas y las de las nuevas
generaciones y que dé cabida a la construcción de la Tercera
Republica, con sus valores y su correspondiente modelo de
Estado.
Es por ello que, ante este agotamiento y
la consiguiente necesidad de regeneración democrática, nos
manifestamos por “PENSAR EN MÁS DEMOCRACIA Y EN REPÚBLICA”
porque el hilo conductor del pensamiento republicano y sus
valores son los que reclamamos para la Tercera República
Española que propugnamos.
Constatamos la evidencia de un bien
articulado entramado político, económico y mediático orientado a
salvaguardar la monarquía y su modelo constitucional. Frente a
ello, existe toda una pujante efervescencia e impulso del
movimiento republicano, con la cada vez mas importante
participación de la juventud y el compromiso cada vez más
frecuente de determinadas personalidades públicas, instituciones
y medios de comunicación y de opinión, que está abriendo
continuas brechas y denuncias por donde afloran las
contradicciones, insuficiencias, anacronías e impertinencias
de la monarquía, del actual monarca y del modelo constitucional
existente, lo que permite alumbrar una tendencia favorable al
cambio hacia la 3R.
Una República donde el ciudadano, con
derechos y obligaciones, sea el sujeto central de la acción
política, y donde el respeto y garantía efectiva de la
Declaración de los Derechos Humanos sea el referente inexcusable
de toda acción de gobierno y, por tanto, pasar a formar parte
del ordenamiento jurídico del conjunto de derechos exigibles por
ley.
Una República como forma de Estado que,
por su propio concepto y contenido, será siempre moralmente
superior, más justa y democrática que el actual Estado
monárquico, ofreciendo, sin lugar a dudas, un marco más idóneo
donde poder desarrollar y defender los derechos políticos y
sociales, la justicia, la solidaridad, la paz, la igualdad y la
libertad. República es Democracia.
Para lograr este objetivo, es necesario
articular un verdadero Proceso Constituyente Republicano
que concluya en un referéndum entre Monarquía y República donde
la ciudadanía, en un marco de información y debate libre,
completo, veraz y de reflexión, pueda ejercer el derecho
democrático que le fue hurtado y decidir soberanamente sobre la
forma de Estado y sus contenidos.
Creemos que la plena recuperación de la
Memoria Histórica, al margen de sus vericuetos judiciales o
políticos, es un proceso socialmente ya imparable y de una
importancia capital por lo que supone de justicia para con las
víctimas pero también como palanca de ruptura con la Transición
y con el modelo Constitucional heredado.
Junto a ello, la necesidad de establecer
cauces para la convergencia del movimiento republicano para
construir una Propuesta Programática republicana que
teniendo como ejes valores republicanos tan inequívocos como el
Federalismo, Laicidad, la Democracia Radical y Participativa, la
Etica y la Racionalidad, los Derechos Humanos, la Educación y la
Cultura, la Paz y la Solidaridad, la Economía social, etc.,
pueda concretar su contenido y desarrollo por medio de un debate
abierto.
Y todo esto, en el marco de seguir
potenciando la Organización y Presencia pública de la
alternativa republicana por todos los foros y lugares de la
geografía nacional a través de las múltiples iniciativas
ciudadanas, políticas e institucionales que la conforman,
llevando a cabo cualquier actividad que permita visualizarla a
la vez que Sumar Ciudadanía en todos los sectores de la
sociedad interesados en esta alternativa:
LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA REPÚBLICA.
PORQUE LA TERCERA NO VENDRÁ, ¡HAY QUE TRAERLA!
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Juanjo Picó
es miembro de Unidad Cívica por la República y coordinador
del programa de " La hora de la República" en Radio Vallekas
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