Correo  

Alameda, 5. 2º Izda. Madrid   28014 Teléfono:  91 420 13 88 Fax: 91 420 20 04     

No consiento que se hable mal de Franco en mi

 presencia. Juan  Carlos «El Rey»   

 

 

 

 Sobre la Constitución de 1978

Juanjo Picó  *

Intervención de Juanjp Picó  en acto organizado por UCR en el CAUM - 5 de Diciembre de 2008

 

 “La Constitución de 1978” puede comentarse desde múltiples puntos de vista. Pero, sobre todo, lo que nos anima en estas fechas de grandes pero vacíos fastos, es dar una lectura diferente, crítica y alternativa de la misma frente al atontamiento mediático y cultural que nos está acompañando -y lo que aun nos queda por sufrir- en este 30 aniversario de su promulgación (6-dic-1978).

 

Una lectura que debe suponer, por tanto, algo así como una vacuna que nos inmunice, a la vez que nos despierte los ojos, de todas esas desbocadas pleitesías de los que se llenan la boca de Constitución pero que pasan por alto realizarle cualquier mínimo análisis racional después de todo este periodo de vigencia. Se trata, en suma, de compartir una visión alternativa sobre este asunto para lo cual me quiero referir a unos simples apuntes descriptivos del contexto actual que, en mi opinión, están en el centro de este análisis.

 

En mi opinión, cuando se cumplen 30 años de la Constitución de 1978 son cada día más evidentes las limitaciones de su propio articulado además de los incumplimientos y vaciamientos de su contenido, lo que está impidiendo consolidar un ordenamiento que responda de una forma efectiva e inequívocamente democrática a las necesidades, derechos y expectativas de la ciudadanía en lo político, social, económico y cultural. En otras palabras, existe un agotamiento de la Constitución de 1978 y la Monarquía como forma de Estado, que requiere de una profunda regeneración democrática que revise este modelo a partir de una clara ruptura y superación de los consensos, cesiones, contenidos y desmemorias de la Transición.

 

En estas mismas fechas hay que recordar otros aniversarios relacionados. El de la promulgación de la Constitución de la 2R (9-dic-1931) y el de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU (10-dic-1948). Dos referentes que no se pueden olvidar cuando sus contenidos están confrontados con los incumplimientos y limitaciones de la actual Constitución.

 

Así, por las costuras de este sistema están aflorando distorsiones tan evidentes como, por ejemplo:

 

·         La ausencia de una efectiva Separación de poderes (“Montesquieu ha muerto”), con la permanente intromisión del poder ejecutivo y los partidos mayoritarios sobre el poder judicial en el nombramiento de sus miembros, o viceversa, cuando el poder judicial, léase el Tribunal Constitucional, se convierte de hecho en un segundo poder legislativo,

·         El desastre sin paliativos de la Administración de Justicia que está impidiendo asegurar el derecho de todos los ciudadanos a tener una justicia rápida, justa y efectiva,

·         La desvergüenza de constatar la Desigualdad ante la ley y la impunidad selectiva, con los múltiples ejemplos de corrupción a todos los niveles así como el trato de favor político y mediático para con los detentadores del poder político y económico de siempre,

·         El despropósito existente en la Estructura territorial del Estado, donde, en una carrera sin sentido en la revisión de los Estatutos autonómicos, no se está asegurando un desarrollo armónico multilateral que, junto a derechos mínimos e iguales para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, defina un marco competencial y de financiación equilibrado y solidario (y sin la distorsión del cupo y los conciertos forales). Por no hablar del no reconocimiento del derecho de autodeterminación en el marco de un estado federal plurinacional,

·         O respecto a la carencia de una verdadera Democracia Radical en la vida política y social. No sólo, por ejemplo, en relación con la injusta normativa electoral promotora del bipartidismo y la desigualdad del valor del voto sino principalmente en la ausencia de cauces reales que acerquen al ciudadano a la participación democrática. Por no hablar de otros aspectos no contemplados como el de la revocabilidad de los cargos públicos, el acceso social a los medios de comunicación, etc.

·         Y si es respecto a lo que debería ser la Laicidad del Estado,  denunciamos que, pese a la aconfesionalidad de su articulado, existe de hecho una confesionalidad encubierta por la complaciente actitud y prebendas de tipo económico, en la educación y en la presencia pública para con la Iglesia Católica en base a unos Acuerdos con el Vaticano de 1979 que deben ser derogados, en lugar de afirmar de forma indubitada la libertad de conciencia y la separación Iglesias-Estado en el marco de un Estado laico,

·         Por no hablar de la falta de Cumplimiento efectivo de los Derechos Humanos en sus tres generaciones: civiles y políticos, sociales y culturales, y emergentes, los cuales,  junto con sus posteriores pactos internacionales firmados por la mayor parte de los Estados, el nuestro entre ellos, que siguen siendo manifiestamente incumplidos o ignorados en su más amplio contenido,

·         O la descarnada y anticonstitucional Política de privatizaciones y demás Políticas económicas antisociales, limitadora de lo público, como, por ejemplo, en la sanidad, educación y en los servicios sociales básicos, en contra del derecho al acceso a una vivienda y a un trabajo digno en el marco de una política de pleno empleo, etc. que siguen siendo papel mojado. O en la necesidad de contar con un fuerte sector público de la economía y de una verdadera planificación democrática de la misma, etc. (y eso a pesar de la crisis que nos está cayendo!!)

 

Estos y otros temas se hurtaron o no fueron considerados como centrales en la Transición, y así se han mantenido durante todos estos años, pero que ahora sí lo son; o que entonces se dejaron aparcados o mal resueltos (el de la Memoria Histórica, entre otros); o que, simplemente, los avances sociales para satisfacer nuevos derechos y exigencias ciudadanas ponen de manifiesto las carencias y limitaciones del actual modelo.

 

Porque es que, además, en la cúpula de este modelo constitucional se encuentra una monarquía que responde a una institución radicalmente antidemocrática carente de cualquier atisbo de encaje y justificación en nuestro tiempo. Su carácter vitalicio, hereditario e irrevocable; la “inviolabilidad” del monarca;  el “no estar sujeto a responsabilidad” en sus actos; la ausencia de control  alguno sobre sus actividades, su patrimonio y sus gastos a cargo del erario público, etc., son privilegios que vulneran los más elementales principios democráticos. Lo mismo que el blindaje político y mediático lleno de silencios y pleitesías que rodea a la institución, al monarca y a sus actuaciones frente a las voces cada vez más frecuentes y más críticas que, como pura libertad de expresión, se alzan en la sociedad.

 

Porque esta monarquía, además de su intrínseco carácter antidemocrático, no neutral sino  fiel representante y símbolo del sistema actual, es que tiene además una clara ilegitimidad de origen y de ejercicio, existiendo un clamoroso silencio que trata de ocultar:

 

·    Que las Cortes de la 2R en sesión del 19 de Noviembre de 1931 degradaron a Alfonso XIII de Borbón “de todas sus dignidades, derechos y títulos,… sin que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores” (sic),

 

·     Que Don Juan Carlos I de Borbón fue designado por el dictador en 1969 como su sucesor, jurando los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional (juramento que no ha hecho con la Constitución de 1978). La monarquía del Borbón es, por tanto, clara heredera del franquismo y nunca de la legalidad de la II República.

 

·    O cuando se tergiversa y se quiere dar por resuelta esta legitimidad a partir del pacto de la Transición, que metió a la monarquía de trágala en la Constitución de 1978, sin ser objeto de debate o de posibilidad de elección alternativa alguna, en el mismo paquete que otorgó Democracia y Libertades frente a la Dictadura y ello sin que mediaran unas verdaderas Cortes Constituyentes.

·    Y qué decir del 23-F (de 1981), con el manto de silencio que sigue cubriendo la oscura actuación del monarca en el golpe de Estado. La reciente denuncia pública del militar Amadeo Martínez Inglés, conteniendo duras y explícitas acusaciones sobre la implicación del monarca en este hecho, además de su relación con otras corruptelas, amistades, correrías y “borbonadas”, sigue durmiendo en el sueño de los cajones oficiales y de los medios de comunicación. En su lugar se sigue manteniendo la entelequia mediática de que el Rey es el principal artífice y defensor de la libertad y la democracia conseguidas.  

Llegados a este punto del discurso conviene concretar mi opinión de que el debate y la crítica sobre la Constitución de 1978 no es tanto por recordar lo que pudo haber sido y no fue, ni tampoco el papel catalizador que haya podido jugar durante estos años.  

Se trata que, después de 30 años, no se puede ni sacralizar su contenido ni denunciar únicamente, los incumplimientos y vaciamientos de contenido que los Gobiernos de turno, del signo que sea, han hecho o dejado de hacer acerca del desarrollo normativo de las partes mas progresistas de su articulado, en muchos casos en clara actuación u omisión anticonstitucional, lo que evidentemente hay que denunciar con total claridad y firmeza.

Porque lo que realmente hay que poner de manifiesto es la necesidad objetiva de acometer una reforma a fondo, no solo cosmética o acotada de la misma que permita eliminar las limitaciones intrínsecas existentes en el actual marco constitucional, algunas de las cuales se han comentado, con la monarquía como elemento central a superar.

 

Una reforma que posibilite dar una respuesta a los contenidos de un verdadero  “Estado Social y Democrático de Derecho” acorde con nuestro tiempo, para satisfacer las  exigencias ciudadanas y las de las nuevas generaciones y que dé cabida a la construcción de la Tercera Republica, con sus valores y su correspondiente modelo de Estado.

 

Es por ello que, ante este agotamiento y la consiguiente necesidad de regeneración democrática, nos manifestamos por “PENSAR EN MÁS DEMOCRACIA Y EN REPÚBLICA” porque el hilo conductor del pensamiento republicano y sus valores son los que reclamamos para la Tercera República Española que propugnamos.  

 

Constatamos la evidencia de un bien articulado entramado político, económico y mediático orientado a salvaguardar la monarquía y su modelo constitucional. Frente a ello, existe toda una pujante efervescencia e impulso del movimiento republicano, con la cada vez mas importante participación de la juventud y el compromiso cada vez más frecuente de determinadas personalidades públicas, instituciones y medios de comunicación y de opinión, que está abriendo continuas brechas y denuncias por donde afloran las contradicciones, insuficiencias, anacronías e impertinencias de la  monarquía, del actual monarca y del modelo constitucional existente, lo  que permite alumbrar una tendencia favorable al cambio hacia la 3R.

 

Una República donde el ciudadano, con derechos y obligaciones, sea el sujeto central de la acción política, y donde el respeto y garantía efectiva de la Declaración de los Derechos Humanos sea el referente inexcusable de toda acción de gobierno y, por tanto, pasar a formar parte del ordenamiento jurídico del conjunto de derechos exigibles por ley.

 

Una República como forma de Estado que, por su propio concepto y contenido, será siempre moralmente superior, más justa y democrática que el actual Estado monárquico, ofreciendo, sin lugar a dudas, un marco más idóneo donde poder desarrollar y defender los derechos políticos y sociales, la justicia, la solidaridad, la paz, la igualdad y la libertad. República es Democracia.

 

Para lograr este objetivo, es necesario articular un verdadero Proceso Constituyente Republicano que concluya en un referéndum entre Monarquía y República donde la ciudadanía,  en un marco de información y debate libre, completo, veraz y de reflexión, pueda ejercer el derecho democrático que le fue hurtado y decidir soberanamente sobre la forma de Estado y sus contenidos.

 

Creemos que la plena recuperación de la Memoria Histórica, al margen de sus vericuetos judiciales o políticos, es un proceso socialmente ya imparable y de una importancia capital por lo que supone de justicia para con las víctimas pero también como palanca de ruptura con la Transición y con el modelo Constitucional heredado.

 

Junto a ello, la necesidad de establecer cauces para la convergencia del movimiento republicano para construir una Propuesta Programática republicana que teniendo como ejes valores republicanos tan inequívocos como el Federalismo, Laicidad, la Democracia Radical y Participativa, la Etica y la Racionalidad, los Derechos Humanos, la Educación y la Cultura, la Paz y la Solidaridad, la Economía social, etc., pueda concretar su contenido y desarrollo por medio de un debate abierto.

 

Y todo esto, en el marco de seguir potenciando la Organización y Presencia pública de la alternativa republicana por  todos los foros y lugares de la geografía nacional a través de las múltiples iniciativas ciudadanas, políticas e institucionales que la conforman, llevando a cabo cualquier actividad que permita visualizarla a la vez que Sumar Ciudadanía en todos los sectores de la sociedad interesados en esta alternativa:

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA REPÚBLICA.

PORQUE LA TERCERA NO VENDRÁ,  ¡HAY QUE TRAERLA!

---------------

Juanjo Picó es miembro de Unidad Cívica por la República y coordinador del programa de " La hora de la República" en Radio Vallekas

 

 
 

 

  Página de inicio 

Webstats4U - Web site estadísticas gratuito El contador para sitios web particulares