Constitución Española versus democracia
Izquierda Republicana Andalucía
13
de Septiembre de 2008
Cuatro días se ha tomado el Tribunal
Constitucional para deliberar si la consulta propuesta por
el gobierno vasco a la sociedad vasca era o no legal. Lo
cual implica una pérdida de tiempo, pues hasta un niño de
seis años que sepa leer, concluiría en unos minutos que
no, dado que cualquier consulta de este tipo requiere por
ordenamiento constitucional la autorización del Estado
central (artículo 149.1.32) y, como sabemos desde hace
mucho tiempo, no era el caso.
Es suponible que se ha tratado más
bien de una escenificación de funcionamiento institucional
de cara a la galería, estética vaya, para dar una especie
de consistencia democrática a algo que vuelve a cuestionar
la Constitución Española, lo que, por cerrazón, interés o
pusilanimidad de nuestros políticos del bipartidismo no ha
lugar.
Lo cierto es que si la realización
autónoma (Euskadi en este caso) de una consulta popular
por el ejecutivo vasco, y de carácter político para que se
exprese la voluntad general ciudadana, la misma que le
permite gobernar con sus votos, se puede considerar
inconstitucional, estamos ante una obstaculización del
ejercicio de la soberanía popular, principio básico de la
democracia.
Eso quiere decir que, si
algo es democrático pero no es constitucional,
necesariamente la Constitución ha de ser revisada y
modificada.
Como sí es
constitucional pero no es democrático, que la Jefatura del
Estado posea carácter vitalicio y hereditario, y se
sustraiga al ejercicio de la soberanía popular. O bien,
como ha ocurrido en estos días, con la “elección” de los
miembros del CGPJ, hayamos asistido de nuevo a la
aniquilación constitucionalmente consentida de la división
de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), división
que, en democracia, significa que todos y cada uno de los
representantes de estos poderes , deben proceder
directamente de la voluntad general ciudadana, como
manifestación del ejercicio de la soberanía popular, sin
quedar supeditado un poder al interés o voluntad de otro.
En fin, como
decíamos, una victoria del ordenamiento constitucional,
pero un atropello democrático. Un motivo más para mantener
nuestra lucha por una democracia real (radical) y un
Estado republicano y federal.