Algo se
está resquebrajando en el pacto constitucional
de este país cuando el alcalde de Puerto Real,
Juan Antonio Barroso (IU), famoso por haber
llamado «corrupto» al rey de España y ser
imputado por el juez Grande Marlasca, de la
Audiencia Nacional, por un posible delito contra
la Corona que le puede costar la cárcel, no sólo
no se arredra ante el trance sino que,
convertido en objeto de deseo de los medios y en
portavoz del ideal republicano, se pasea por la
geografía española -el miércoles estuvo en el
Club Diario Levante- para remarcar un discurso
que si fue casual, como señaló, ahora ya se ha
convertido en una estrategia.
La del
desafío y la toma de conciencia sobre la
«opacidad» y la «inimputabilidad» que la
Constitución española reconoce a la familia real
y que, según añadió, «ha favorecido un
enriquecimiento delictivo tanto de él como de su
entorno familiar acreditado y reconocido en los
foros políticos e intelectuales de este país».
Era un motivo
de discusión apropiado para la jornada en la que
Barroso acudía a este Club no por casualidad. Se
celebraba el 60 Aniversario de la Declaración
Universal de los DD HH. Esa que reconoce que
todos somos iguales ante la ley y de la que bebe
esta Constitución bajo la que todavía no se ha
convocado el referéndum monarquía vs república
en pos de la libre elección del ciudadano.
Se
presentaba también el Fòrum per la III República
impulsado por la Unidad Cívica por la República.
Y hacía poco que el diputado de ERC, Joan Tardá,
había lanzado el «muerte al Borbón», pero
matizando su afirmación, lo que dio pie al
alcalde a considerar, con su desparpajo andaluz,
que el catalán «se ha cagado» y apuntarse otro
tanto en la rebeldía. «No es que yo quiera matar
al Borbón. Quiero que rinda cuentas él y su
familia ante la justicia de este país; que vea
el advenimiento de la III República como
manifestación de la madurez del Estado español y
su pueblo; que se vea ante el juicio de la
historia y ante el juicio ordinario, para que
acredite su ingente fortuna estimada en 1.800
millones de euros», afirmaba Barroso, que no le
perdona ni «la obtención ilícita de su fortuna,
ni la manera obscena de abandonarse al más
deplorable de los consumos a costa del erario
público, ni su condición amoral por los polvos
pagados con fondos del Estado».
Atrevido y locuaz, el oficial tubero de los
astilleros gaditanos devenido en alcalde con
solera tiene ganas de ver el derrocamiento de la
monarquía. Y para que ese proceso se acelere, se
pone en «desacuerdo» con los que esperan la
asunción intelectual de los valores
republicanos. Para Barroso, el cambio de modelo
pasa «por la denuncia de las tropelías de la
monarquía y su deslegitimación, como todos los
actos del franquismo».
Su
estrategia ahora consiste en no limitar su
imputación a un debate sobre la libertad de
expresión. «El juicio tenemos que convertirlo en
un juicio a la monarquía con peritaje histórico
por el que vayan discurriendo todos los que
tienen algo que decir, como el intento de
intervenir para que el gobierno autorice la
venta de Repsol. ¿Para qué? para pasar el
platillo».
Según
sus palabras, «lo más estratégico para acelerar
este proceso es la liquidación moral del
Borbón», decía Barroso, para quien «el impulso
republicano ha de beber de la denuncia de las
fallas morales, éticas e históricas del Borbón y
sus predecesores». Barroso los llama «corruptos,
traidores, ladrones, amorales, golpistas,
sediciosos?» y no contento, insta a «romper el
cinturón de seguridad sanitario que les
impermeabiliza» y que «impide que ninguna mácula
pueda afectarle». Entre otras cosas, por la
«connivencia de una prensa y de una clase
política, en su mayoría, cortesana, bovina,
genuflexa y sometida».
¿Transición o
transacción?
«Las declaraciones de este alcalde son adecuadas
e inteligentes», decía el presidente de la
Plataforma Valenciana 14 de Abril, Roberto Ruiz.
Entre otras cosas, «porque despiertan a la
sociedad española con dudas sobre la fórmula de
Estado más adecuada que garantice el sistema
democrático». Para Ruiz, «la lucha debe ir
encaminada no sólo a una simple sustitución de
una jefatura de Estado. Debe visualizarse, poco
a poco, como garantía de futuro en derechos y en
deberes de democracia».
Para Marga Sanz, secretaria general del PCPV, el
momento actual vive una esperanza que no es
abstracta. Y es que «el velo impuesto de
autocensura en la Transición ha caído y esa
opción republicana que se nos negó como
posibilidad política frente a la monarquía en la
salida del franquismo empieza a surgir ligada a
procesos emancipatorios y reivindicativos»,
tales como el feminismo, la igualdad, el
ecologismo....
En su
opinión, «el pacto constitucional que articuló
la Transición está roto», y ha llegado el
momento en que todas las instituciones y poderes
reales del Estado «se sometan a la elegibilidad
del ciudadano, incluyendo los que nunca han sido
sometidos al veredicto de las urnas, como la
jefatura del Estado». Su intención es
«desenmascarar al privilegiado». Porque, como
señalaba el coordinador del Club, Josep Lluís
Galiana, citando a Platón: «el hombre libre no
puede aprender nada como esclavo».
De
hecho, para José Luis Pitarch, profesor de
Derecho Constitucional y coordinador del acto,
«aquí estamos explicando lo evidente», en pos
del pacto de silencio. Pitarch recordaba que «no
hay muerte como el olvido», al que calificó
«gran socio de la impunidad», con lo que
consideró la Transición, una transacción. Para
Sanz, «la memoria histórica debe entenderse como
un eje de resarcimiento de la verdad» y el
problema aquí es que la Transición se hizo
«manteniendo intactos algunos componentes
nucleares del aparato del Estado franquista: el
Ejército, la policía y la justicia», afirmaba.
La economía, al
servicio de la mayoría
El impulso republicano como paraguas del
cumplimiento de los derechos humanos. Una
reforma constitucional que, después de un
referéndum, abra la puerta a la III República.
Una gestión de Estado que nacionalice el sistema
financiero y coloque la economía al servicio de
la mayoría. Una radicalidad democrática en la
que ninguna instancia política quede fuera del
control del ciudadano.
Son
algunas propuestas de Marga Sanz en defensa de
la alternativa republicana al actual modelo de
sociedad «partiendo de la denuncia de que los
ordenamientos jurídicos que regulan la monarquía
imposibilitan la libertad, la igualdad y la
justicia social. Cuando la Constitución no
garantiza los mínimos derechos (trabajo,
vivienda?), no sirve, porque no ha generado la
sociedad de iguales que queríamos».
No
consiento que se hable mal de Franco en mi