El proceso iniciado en algunos Ayuntamientos andaluces a favor de la restauración de la República gana adeptos si bien no será una tarea fácil, toda vez que existe una España oficial y mediática que intentará solapar, sino apagar este movimiento que hasta ahora está circulando de una forma lenta pero ajustado a la Constitución. De hecho, ya son numerosos los cargos públicos locales –básicamente de Izquierda Unida y algunos del PSOE- que se han sumado a la plataforma republicana. Por tanto habría que preguntarse si tiene sentido esta iniciativa y la respuesta no puede ser otra que afirmativa ya que está alejada de todo conato de frivolidad o resentimiento alguno. Con esta iniciativa los republicanos intentan reconducir el debate hacía donde debería de haberse situado en el inicio del proceso constituyente que trajo a nuestras vidas la Constitución de 1978. Y esto es así porque desde entonces ya han ocurrido suficientes cosas en la vida pública española como para que sea preciso reformular el texto constitucional y, consiguientemente, la forma política del Estado.

Metodológicamente hablando hay una cuestión clave: contamos con un Jefe de Estado que fue designado por un dictador, algo que no casa lo suficiente con una verdadera democracia; además, el discurso de que era preciso conciliar a una España aún con las heridas muy abiertas ya no tiene sentido sostenerlo, si es que alguna lo tuvo porque la realidad que se impuso fue la más alta institución del Estado impulsada por Franco; de otro lado, nos encontramos ya en España un sensible número de españoles que nada pudimos decir ni a favor ni en contra de aquella Constitución, que además llevaba implícita la forma política del Estado, cuando en puridad lo correcto hubiera sido haber decidido antes de votar la Constitución de 1978, a través de referéndum, qué forma política de Estado deseaba el español del año 78. En tercer lugar, España sigue siendo un país claramente desvertebrado, con la presencia de varias nacionalidades históricas que reclaman lo que entienden que es su esencia, y en absoluto la monarquía está contribuyendo a que esas reivindicaciones se salden, de hecho sería mucho más fácil vertebrar el Estado español si existiera una patria de hombres iguales, dentro de las distintas sensibilidades históricas, y eso lo puede garantizar solamente una república democrática, que además podría tener vocación de federalista.

Por otra parte, existe el siempre inquietante papel de las monarquías, particularmente, en las sociedades actuales, las cuales tienden a una forma política cada vez más pragmática e igualitaria. De hecho, la Unión Europea – con todas las críticas que habría que hacerle – no es más que la suma de naciones libres, unidas voluntariamente en pos de unas circunstancias comunes y, sinceramente, poca cabida tienen ahí las monarquías, sobre todo si consideramos que tarde o temprano se contará con una constitución única que debe versar principalmente sobre principios mínimos e igualitarios.

Otras razones, que para muchos pueden ser secundarias, pero que tienen una importancia mayúscula, podrían argumentarse en la vergonzosa exhibición de estos señores y señoras de la realeza española, toda esa ostentación, esos privilegios confesados e inconfesables, esas presuntas turbias influencias desconocidas, esos presuntos negocios escondidos que se han advertido, esas cacerías, en fin, toda esa presencia alimentada en los medios de comunicación oficiales, y para colmo, todas esas sonrojantes actuaciones de la fiscalía para perseguir el delito, primero acusando a los autores de la portada de la revista satírica “El Jueves” y últimamente acusando a los antimonárquicos catalanes que muestran su oposición a la monarquía de la única forma que se les permite (porque lo consecuente es oponerse a través de unos hipotéticos medios de comunicación libres y respetuosos con cualquier opinión), y que seguramente se extenderá a otras zonas del Estado, hasta el punto que de seguir en esa línea la fiscalía necesitará un fiscal especial para asuntos monárquicos, como ya lo hay para asuntos relacionados con la corrupción, pero que perfectamente podría ser el mismo, más que nada para que no proliferen más cargos públicos.

Sinceramente, desde la praxis política y desde la lógica jurídica es necesario seguir profundizando en ese proceso constituyente recién iniciado.