Sobre la celebración del XXX aniversario de la proclamación de Juan Carlos I como Rey de España

La impostura

          El Gobierno español ha creado una comisión en su seno, que va a organizar y  coordinar los actos y celebraciones de tres efemérides para el presente año: la XV Cumbre Iberoamericana de Salamanca, los diez años de la Conferencia Euro-mediterránea y el XXX aniversario de Juan Carlos I como Rey de España. El Real Decreto del 3 de diciembre del 2004 que la ha puesto en marcha ha nombrado a María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno, como responsable máxima de la misma. 

         Sorprende el que un Gobierno emanado de las urnas, a comienzos del siglo XXI y que se acoge a las siglas históricamente republicanas del  PSOE, sitúe al mismo nivel dos acontecimientos internacionales con otro que hace referencia a una cuestión meramente interna. La sorpresa y extrañeza aumentan cuando se sabe que en otras monarquías europeas los aniversarios de las distintas coronaciones y proclamaciones o no existen o están reglados por un palatino, breve y discreto protocolo. ¿Qué tiene de especial la monarquía española de 1975? ¿Qué aportación enjundiosa y notable hace a la sociedad española la persona de Juan Carlos de Borbón y Borbón? ¿Qué extraña comunión existe entre el PP (cuyo gobierno organizó en el 2000 la conmemoración del XXV aniversario, aunque más discretamente) y el PSOE? ¿Estamos ante “una cuestión de Estado”? Y en ese supuesto tan socorrido siempre para ocultar fraudes, claudicaciones y delitos de lesa Democracia ¿Cuál es la materia que lo sustenta? Para Unidad Cívica por la República la conmemoración del XXX aniversario de la proclamación del Borbón es la culminación de una gigantesca impostura 

Desde hace años, se viene desarrollando en nuestro país, y de manera intensa, un proceso de recuperación de la memoria en torno a hechos y situaciones referidas a la represión franquista durante la Guerra Civil y durante la dictadura que, afortunadamente, se ha ido abriendo paso pese a las trabas e incomprensiones de gobiernos e instituciones. Sin duda, este proceso de recuperación de la memoria histórica es un acto de responsabilidad hacia el cual Unidad Cívica por la República, junto con otras organizaciones, está dedicando esfuerzos importantes. 

Sin embargo, cuando se trata recobrar desde la historia y la memoria más recientes, las que atañen de manera más inmediata a la inmensa mayoría de la población y que tienen antecedentes, nexos y relación causa-efecto con el pasado, están siendo sistemáticamente silenciadas, tergiversadas y desviadas para mayor consolidación del Régimen de Restauración alfonsina que se inició con la Transición. Se arrumbaron los aspectos y contenidos más hirientes y menos homologables del franquismo y se estructuraron en un nuevo molde los intereses económicos, sociales, ideológicos, axiológicos y políticos del mismo. La Constitución de 1978 aparecía como el pacto, el acuerdo para la consolidación de la Democracia. Lo que desde luego significó fue una especie de Ley de Punto Final no escrita. ¿Qué se había quitado de la vista y de la memoria histórica?                   

Las Cortes Constituyentes de la II República (última legitimidad indiscutible) aprobaron en Noviembre de 1931 la declaración de Alfonso XIII como “culpable de alta traición” y el decaimiento de todas sus dignidades y títulos sin que pudiera “reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores”. El 22 de Julio de 1969 el dictador propuso, y las Cortes franquistas aprobaron, la designación de Juan Carlos como “sucesor de Franco a título de Rey”. El 21 de Noviembre de 1969, tras jurar los principios del Movimiento Nacional, el actual Rey fue proclamado ante las Cortes Españolas. Desde entonces reina, sin que haya cumplido el precepto de jurar la Constitución tal y como lo contempla el artículo 61 de la misma. 

Las Cortes Generales elegidas en Junio de 1977 (en absoluto constituyentes) redactaron una constitución en la que aceptaban la imposición de la monarquía (sin opción alguna a que el pueblo, previamente y mediante referéndum, pudiera elegir entre monarquía o república), el Real Decreto de Enero de ese año por el que el Rey se adelantaba a cualquier legalidad y nombraba a su hijo Felipe heredero con el título de Príncipe de Asturias, apoyándose en el articulado de la extinta Ley Orgánica del Estado franquista

 El espíritu de la Transición duró lo que las oligarquías de todo tipo estimaron necesario para trasladar sus muebles y bagajes a la nueva situación. Los artículos más importantes del Título I (Derechos y Deberes Fundamentales), los del VII (Economía y Hacienda) o el funcionamiento democrático de las instituciones y los Poderes del Estado fueron invalidados en la práctica, subvertidos por una oligarquía política de factura bipartidariamente canovista. La manipulación “europeísta” hizo el resto. Hoy en día se constata que la pretendida Democracia se ha transformado en un Régimen de adhesiones partidarias, opacidad y modorra. La Constitución que era intangible hace un año es objeto de un debate acerca de su reforma. El problema del Estado Español sigue sin ser abordado en serio (hay que plantear su construcción desde la ciudadanía y los pueblos que componen España). La UE es una fuente de problemas a causa de la vertebración capitalista de la misma. Europa no se perfila como una entidad cohesionada y con proyecto propio. Consecuentemente, ¿a qué recurrir como fuente de legitimación a tales fastos ante los problemas que al fin y a la postre no han sido resueltos?

 Las castas políticas que administran este sucedáneo de Democracia han vuelto a recurrir al mito del “hombre providencial”, al seguro de la alienación personal y colectiva. Invalidada la Constitución, inexistente el Estado de Derecho, pinchado el globo “europeísta” y temiendo la agudización de problemas estructurales de todo tipo, se recurre a un nuevo tipo de caudillismo cimentado en medios de comunicación rosas, adictos al sistema y sobre todo a sus prebendas. Consecuentemente, el Rey les sirve para ser la clave del arco del edificio que sustenta y cubre sus intereses.

 El que un Gobierno, un Parlamento, unas instituciones y unos medios de comunicación celebren, jaleen y ensalcen el XXX aniversario de la proclamación como Rey del heredero de un dictador, dando carta de naturaleza a sus deseos y legitimando de definitivamente la monarquía, además de representar un insulto a la ciudadanía y significar un agravio a todos aquellos que, en defensa de la legalidad republicana, dieron su vida, sufrieron la represión en la dictadura o padecieron el exilio, denota el pobre concepto que para los promotores representa la Democracia y sus valores, colocándose a la altura de aquellas cortes franquistas y de aquellos serviles medios que pusieron el nombre de España en el nivel más bajo de su Historia.  

            La monarquía y su entorno, no es sólo un grupo profundamente conservador, muy alejado de la experiencia y cotidianeidad de la mayoría de las clases populares, sino que también actúan como inhibidores de la recuperación de la historia real de nuestro país. Recuperación sin la cual no se puede establecer una auténtica democracia. La monarquía es una antigualla, una contradicción democrática, un impedimento para el desarrollo material, político, económico, cultural y social que a buen seguro, superaremos. 

Desde Unidad Cívica por la República, hacemos un llamamiento a la ciudadanía en general y los distintos colectivos, organizaciones y entidades a organizarse para protestar e impedir semejante impostura.

 Por la democracia plena, por el inicio de un verdadero proceso constituyente, por la República Federal, Laica y Solidaria. ¡Viva la República!   

Para contestar el 30 aniversario, puedes enviarnos tus sugerencias, iniciativas o aportaciones al manifiesto.