Ante
el procesamiento de
José Antonio Barroso
y ante la querella interpuesta contra el
juez Garzón por intentar investigar los crímenes de lesa humanidad del
franquismo
Unidad
Cívica por la Republica
2 de Junio de 2009
El
proceso judicial penal contra el Alcalde de Puerto Real, José Antonio
Barroso, y el juicio al que se le pretende someter el día 2 de junio a
las 11 horas en la Audiencia Nacional, constituyen un ejemplo de las
graves insuficiencias de nuestra democracia. Pues se diría que la
Justicia, igual que en otros conocidos casos, se mueve por motivos
políticos, esto es, viste con ropaje jurídico lo que son decisiones
políticas.
Se quiere castigar e
inhabilitar a Barroso --y quizá también castigar a los puertorrealeños
por haberle elegido democráticamente desde hace tres décadas-- debido a
haber reproducido lo ya escrito y publicado en libros y periódicos por
historiadores e informadores, en particular el enriquecimiento dudoso y
opaco del monarca, sin que obste el que Barroso aporte ante el juez
dichos libros y periódicos. Cuyos autores, por ende, no han sido objeto
de reproche o condena penal. ¿No consagra el Artículo 14 de la
Constitución (el primerísimo del Capítulo “Derechos y libertades
fundamentales” del Título I de la misma) la absoluta igualdad ante la
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna?
¿Es ésta la misma vara
de medir justicia que la aplicada cuando el diputado Joan Tardà, en un
discurso público de hace medio año, gritó “¡Muerte al Borbón!”? ¿Tienen
noticia, los dignos jueces actuantes en el caso de este alcalde
gaditano, de la aberrante degradación jurídica conocida como “Derecho
penal de autor”, que pisotea el mencionado Artículo 14?
¿Y qué decir de que el
juez de la Audiencia Nacional haya admitido las pruebas alegadas por el
Fiscal para acusar en juicio al Sr. Barroso, y en cambio no admita ni la
prueba documental 2ª ni la testifical que ha propuesto Barroso para
poder defenderse? Con la testifical, en particular, el alcalde Barroso
pretende que varias personas que han hecho públicas, en libros y medios
de comunicación, diversas actividades crematísticas de Juan Carlos de
Borbón, declaren en el juicio cuáles son sus bases y fuentes de
conocimiento al respecto. ¿Hay temor a estas declaraciones, “temor
político”? Da impresión de que se maneja por el juez un concepto de
prueba “pertinente” con formato de embudo.
Preocupa igualmente a
muchos ciudadanos y ciudadanas que coincida este juicio a José Antonio
Barroso con la admisión por el Tribunal Supremo de la querella contra el
juez Garzón interpuesta por un sindicato nostálgico de la dictadura y
genocidio franquista. Dicen estos “sindicalistas”, aplaudidos
jubilosamente por el PP, que Garzón sabía que no era competente para
investigar los crímenes de lesa humanidad del franquismo, y que, por
tanto, prevaricó al considerarse competente. El PP no da importancia a
que Camps, Fabra, etcétera estén imputados como supuestos “trincones”,
incluso les llama “ciudadanos ejemplares”. Pero descorcha cava si
imputan a Garzón por su honrosa labor de destapar los crímenes de lesa
humanidad cometidos bajo la batuta de personajes como su actual
“presidente fundador”. Por su intento de hacer cierta la “tutela
judicial efectiva” prescrita en el Art. 24 de la Constitución.
Hay un sector de la
judicatura, bien conectado con la derechona política, que a Garzón lo
echaría si pudiese a los tiburones. Y hay unos jueces que irían al
infierno, si lo hubiese, por decir --para cerrar el paso a la
investigación judicial de Garzón-- que el golpe de estado de 1.936 y la
guerra contra el legítimo Gobierno republicano no fue un delito contra
altos organismos de la nación y contra la forma de gobierno. Son jueces
a los que sólo gusta juzgar a perdedores, como Saddam Husein, Milosevic,
o los militares españoles vencidos por Franco, Hitler y Mussolini. Pero
no juzgar a los ganadores. Quizá por eso, también, el Tribunal Supremo
ha dinamitado la querella presentada por Carmen Negrín contra los diez
magistrados que hicieron descarrilar la citada investigación
garzoniana. Hay jueces y políticos, en fin, que creen que los
asesinados por los “vencedores” contra media España, y enterrados sin
nombre en fosas comunes por zanjas y barrancos, tienen, como dice la
Asociación por la Memoria y la Justicia de Salamanca, el mismo status
que los enterrados en las fosas de Atapuerca.