Como demócrata convencida, estoy harta de tener que soportar impávida esos ataques públicos y reiterados contra la democracia ante la actitud pusilánime de los políticos, de las instancias públicas y de una parte de la sociedad que parece resignada a sobrellevar como un mal menor las embestidas de los intransigentes.

       Como demócrata convencida estoy harta de comprobar cómo una institución, que se auto-proclama como salvadora de las almas y difusora del amor al prójimo, se dedica, por el contrario, a radicalizar y a fanatizar a ese prójimo y, de paso, a promover la crispación social, en aras siempre del poder que no quiere perder y que pretende, al parecer a toda costa, perpetuar.

       Estoy harta de que se denominen demócratas los que no lo son. Porque los que no respetan otras ideas u otras maneras de entender la vida que no sean las propias no son demócratas; los que pretenden imponer sus premisas como las únicas válidas no son demócratas; ni tampoco los que no ponen reparo demócratas.

       ¿Qué dirían los altos cargos eclesiales si en la Plaza de Colón o en la de Lima los ciudadanos escépticos y racionales se manifestaran a bombo y platillo, con el beneplácito de las autoridades, financiados con dinero público, haciendo infame proselitismo de sus ideas y desdeñando a los que no las siguen? Porque argumentos concluyentes los hay, sin duda.

       Las familias cristianas tienen todo el derecho del mundo a serlo. Pero no tienen ningún derecho a pretender que el resto de familias lo sean, ni tienen el más mínimo derecho a faltar el respeto democrático a cualquier ciudadano que decida acogerse al tipo de convivencia familiar que le venga en gana.

       De hecho, y para más datos, doy fe de que las familias más felices y plenas que conozco están compuestas por individuos libres que permanecen juntos, no por ninguna imposición institucional, ni dogmática ni metafísica, sino simplemente por decisión personal, por afecto y por amor, lo cual es mucho más de lo que muchas familias cristianas desearían para sus vidas.

      Ni agnósticos, ni racionalistas, ni escépticos, ni ateos tienen, como colectivos, derecho a financiación alguna por parte del Estado. La financiación de la Iglesia por parte del Estado Español es una herencia del franquismo, del Concordato que firmó el dictador con la Santa Sede en 1.953; y las retribuciones económicas y las prebendas de todo tipo de que es beneficiaria la Iglesia en base a ese Concordato son inmensas y absolutamente desproporcionadas en comparación con los países de nuestro entorno democrático.

       Por todo ello, la jerarquía católica debería plantearse el avanzar por líneas paralelas al desarrollo democrático de la sociedad, y defender su postura desde la moderación y desde el respeto al resto de creencias y posturas, pero nunca situarse en una posición de radicalismo que, lejos de beneficiar a la confesión católica, la aleja cada día más de los argumentarios democráticos de los ciudadanos del siglo XXI.

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Coral Bravo es Doctora en Filología y miembro de Europa Laica