Un 28º aniversario no suele
ser de relumbrón, que queda para el 25º y otros
de más lentejuelas. Sin embargo, este año nos
apabullan publicitaria, propagandísticamente,
con unos dobletes televisivos en horario
estelar, muchos millones de espectadores,
etcétera, sobre el gran héroe de nuestra
democracia, nuevo Alejandro el Grande
redivivo en el rey salvador de todos los
españoles, quien cortó el nudo gordiano o más
bien pinza que amenazaba asfixiar a esa tierna
democracia. Pinza que componían ETA y los
militares no demócratas, por aquel final de
década 79-80.
Tan detallados duetos en televisión, empero, no
han dejado espacio a mentar frases como esa de
Su Majestad al golpista Milans del Bosch:
“Ya no puedo volverme atrás”. Ni a
citar mayormente que dicho capitán general, como
su compinche el dúplice y tríplice Armada, eran
casualmente los dos más conocidos generales
monárquicos, aristócratas, vinculados a Juan
Carlos de Borbón; o que el citado general de
división Armada tuvo tres reuniones con el rey
poco antes del 23-F-81. (Tampoco nadie
ha explicado por qué el capitán Juan Milans del
Bosch, hijo del nombrado, meses después dicho
golpe llamó en alta voz “cerdo” al rey
en el Club de Campo madrileño. ¿Por
“volverse atrás”? Un consejo de guerra de
generales juzgadores le cuasi absolvió. Tampoco
nadie cuenta dónde están y qué dicen o decían
los kilómetros de cintas de conversaciones
telefónicas de implicados en el golpe, cuyos
teléfonos fueron intervenidos por orden del
Gobierno de crisis presidido por Francisco Laína.
Delincuentes conspiradores nunca llevados ante
juez instructor ni tribunal alguno).
Como la casualidad es el dios de los tontos, hay
que preguntarse los porqués de tanto
enaltecimiento al rey mesías en un anodino
aniversario. ¿Tiene que ver con la crisis
económica y el miedo del “sistema” a que la
misma se deslice a crisis política grave y,
sobre todo, a crisis social? Siendo, el rey
designado por Franco, clave de bóveda del apaño
sucesorio que convenía a los grandes poderes
sempiternos, ¿se busca, con tanta glorificación
mediática, reforzar y enaltecer esta regia
dovela central por temor a que se resquebraje
todo el tinglado, y los fuertes remanentes o
herederos del franquismo aún con demasiado poder
puedan perderlo, siquiera parcialmente? ¿Se
trata de establecer una “historia oficial” del
23-F-81, en particular dirigida a los
más jóvenes, aprovechando su escaso interés y
conocimiento de la Política (quizá con el doble
objetivo de que sigan desinteresados y de evitar
la rebeldía)? ¿Se teme a una progresiva
concienciación republicana?
Los menos jóvenes saben algo más de lo que pasó
que quienes no lo vivieron, pero unos y otros
seguimos sin conocer cuánto sabía Juan
Carlos de aquella “operación De
Gaulle” sui generis, de aquel
“golpe blando” o “golpe de timón” alegal,
inconstitucional, delictivo, construido sobre un
pronunciamiento militar que echaría a
la basura el Gobierno legal del Estado, trayendo
otro Gobierno bajo la coacción castrense de
fusiles y tanques, probabilísimamente presidido
por un generalito con fuerte apoyo de “poderes
fácticos”, castrenses, civiles y eclesiásticos.
Es decir, una dictablanda, valga decir
una “actualización” de los Gobiernos
Berenguer y Aznar de
1930-31. En particular, ¿admitía el rey la
“solución Armada”, el Gobierno encabezado por
éste mismo, impuesto a un Congreso de Diputados
y al Gobierno legítimo secuestrados a punta de
metralleta?
La “transición” pactada por el fascismo español
y los demócratas, bajo coacción o chantaje de
aquél (si no se aceptaban los trágalas que
imponía, no daban paso a la democracia) había
sido diseñada al alimón por la CIA de Nixon y su
Departamento de Estado junto al SECED o Servicio
Central de Documentación (y espionaje) de
Carrero Blanco y San
Martín. El más infame Presidente (con
G.W. Bush) de los Estados Unidos, conocido por
Tricky Dicky (Dicky el Tramposo)
Nixon, había enviado al general
Vernon Walters, a H.
Kissinger, etc a establecer con
Franco y Carrero qué debía suceder tras
la muerte del caudillo. Y el golpe del
“23-F” tuvo el visto bueno de
Reagan y A. Haig,
Secretario de Estado (“asuntos internos de los
españoles”, llamó éste a la rebelión),
preocupados por la degradación del Gobierno
Suárez y un posible éxito electoral del Partido
Comunista de España, el que más había luchado
contra la dictadura.
Lo que pudo ser tragedia (de las gordas, para el
país y para quienes estábamos en listas de
fusilables) quedó en esperpento, Valle sigue aún
muy vivo en España. Fíjense que el golpe lo
prepararon Armada y compañía contra Suárez. Mas
el general de división marqués, al dimitir el de
Cebreros, quedó como Don Mendo diciendo a la
mora Azofaifa: “¿qué has hecho, maldita
mora?, ¿en quién me vengo yo ahora?”, ¿cómo
llego yo a Presidente del Gobierno?; y tuvo que
recoser sobre la marcha la aventura. Otro de los
aspectos de la tragicomedia puede ser cómo
Sabino diríase que salvó al Rey de hundirse con
Armada (a corto o a medio
plazo, aunque la asonada prosperase, pues ¿acaso
libró Primo de Rivera de caer a
Alfonso XIII?); lo que
liquidaría para siempre la monarquía borbónica,
ya que, tras cuatro abordajes de dichos Borbones
al trono (Felipe V después de larga guerra
contra media España, Fernando VII
después de José I y
otra guerra, Alfonso XII con un
“pronunciamiento” militar, el actual monarca
gracias al dictador que fusiló a la II
República), un cuarto retorno, quinto abordaje,
ya hubiera sido muy difícil.
En fin, hubo más dimensiones esperpénticas en
todo aquello, como la impepinable implicación
del CESID. Lo cual no sabemos si hacía, a este
alto servicio secreto, traidor, rebelde, o hacía
“legal” el delito de rebelión, transmutando el
Derecho Penal. Curiosamente, quien más decía la
verdad (esto es, lo que él creía) fue Tejero, y
posiblemente él quien hizo fracasar la
“operación De Gaulle” a lo chapuza ibérica
(“Tejero es un romo”, me expresaba J.L.
Aranguren en su despacho de la calle
Fortuny). Pese a que dicho teniente coronel
asaltante del Congreso lo había planeado, entre
otras reuniones, en casa del comandante Cortina
del CESID. Por cierto, gran parte de los
guardias civiles que ocuparon el Congreso de
Diputados fueron allí engañados y manipulados
por sus jefes.
Ahora bien, ¿qui prodest?, ¿quién
se benefició del “23-F”? Sin duda, Su
Majestad, que quedó consagrado como el “gran
libertador” de los españoles. En segundo (¿o
primer?) lugar, la rebelión asustó y condicionó,
ralentizó la homologación democrática de España,
bloqueándola en parte. Felipe González
también resultó muy beneficiado, pues la gente
tuvo miedo de votar comunista, lo que dio a FG
una súpermayoría absoluta el año siguiente. En
cuanto al Ejército, que se arrogaba ser albacea
del testamento de Franco, o, como apunta Santos
Juliá, que se auto-atribuía un derecho de veto
político, también dio vida al esperpento,
verbigracia el rápido ascenso a general del
conocido golpista coronel Valencia Remón,
el que ocupó TVE, cuyo regimiento fue la única
Unidad importante de la División Acorazada que
sacó tropas a la calle. Por su parte, el juez
instructor del proceso a los golpistas seguía
instrucciones políticas del ministro Oliart y,
más que investigar, tapaba, cuando la ley le
exigía procesar a centenares. Y el juicio de
Campamento también fue “político”: había
instrucciones para los jueces de la Zarzuela,
del Ministro, etcétera. Luego, los pocos
condenados sólo cumplieron una parte menor de
las condenas.
En estos términos, el Ejército continuó dando
sustos y sustitos hasta prácticamente hoy (casos
Mena, González Calderón, General Blas
Piñar, coronel Navarro de los
Paños, etc). Como un servidor
-disculpen la autocita-- señala en “Memoria
irredenta del franquismo (La reconciliación del
embudo)”, de aparición estos días, la no
rehabilitación de los combatientes antifascistas
de los años cuarenta y cincuenta del pasado
siglo, caso único en Europa, el no
reconocimiento pleno de los militares de la UMD
y el que a ninguno se le permitiese llegar a
general, mientras sí ascendían filogolpistas
reconocidos, así los firmantes del “manifiesto
de los cien” de diciembre del 81, la asténica y
pacata “ley de la memoria” de diciembre de
2.007, el mantenimiento del robo de su nombre de
siglos al pueblo toledano llamado
“Azaña” (de “aceña”, noria), que se
cambió por el del regimiento franquista que lo
ocupó a sangre y fuego en 1.936, o la no
existencia en Valencia de una calle a nombre del
nobilísimo general valenciano Vicente Rojo
mientras Franco sigue señoreando la “capitanía
general” y su escudo fascista preside su puerta
principal, son exponentes de que sólo ha habido
esa “reconciliación del embudo”, parcial,
persistiendo hasta hoy guetos y trágalas. En
todo caso, somos el único país de Europa con la
más absoluta impunidad del fascismo.
Presumimos de transición modélica, y de
Constitución ídem, pero esta democracia ha
mantenido sin pestañear, tres décadas largas, a
más de cien mil españoles secuestrados,
torturados y asesinados, enterrados sin nombre
por fosas, barrancos y pozos. Y, cuando el juez
Garzón ha tirado de la manta, dejando posaderas
al aire a tantos jueces, fiscales y gobernantes
desde 1.977, han bloqueado su investigación, que
desnudaba infinidad de delitos de lesa
humanidad, imprescriptibles de acuerdo con el
Derecho vigente (Estatuto de Roma firmado por
España, que rige en nuestro país desde hace
siete años). El Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas ha tenido que pedir expresamente
a España, el pasado 31 de octubre, la abolición
de la normativa que impide investigar los
delitos de lesa humanidad, en particular la Ley
de Amnistía de 15-10-77.
En cuanto a la “modélica” Constitución de 1.978,
digna de encomio en una serie de aspectos, es de
una enorme “rigidez”, muy difícil de reformar, y
exige el visto bueno para cualquier modificación
de un partido como el PP que incluye un buen
porcentaje de simpatizantes de la dictadura. En
particular, resulta democráticamente intolerable
el Artículo 8.1 (directo heredero del 37 de la
franquista Ley Orgánica del Estado), que
mantiene un portillo abierto a que los militares
no demócratas traten de inmiscuirse en la
política del Gobierno, como si no existiera el
Art. 97: “El Gobierno dirige la política y
Administración militar y la defensa del Estado”.
Como se inmiscuyó el teniente general
Mena Aguado hace cuatro días.
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* José Luis
Pitarch es profesor de Derecho
Constitucional en la Universidad de Valencia;
delegado en Valencia de la Asociación Pro
Derechos Humanos de España